Comentario Nacional

Por Alex Epstein

Los candidatos a la presidencia por el Partido Demócrata y el Partido Republicano en Estados Unidos están debatiendo sobre casi cualquier tema, pero casi todos están unidos en una cosa: Estados Unidos enfrenta una crisis de "desigualdad de ingresos". Los ricos se hacen más ricos - según dicen - mientras que los pobres y la clase media son perjudicados por salarios estancados, malas escuelas y crecientes costos de salud. La solución, nos dicen, es más intervención del gobierno: mayor gasto en educación, seguro médico universal, y obligar a los patrones a aumentar los salarios a través del aumento del salario mínimo y legislación de protección sindical.

Pero todo este griterío está basado en una premisa falsa: que la desigualdad de ingresos es mala. Mientras que algunos de los problemas que señalan los críticos son reales, la desigualdad de ingresos no lo es. La desigualdad de ingresos es un ingrediente natural y deseable de una sociedad libre y próspera.

Los alegatos contra la desigualdad de ingresos siempre se expresan con cierto tipo de lenguage. Por ejemplo, se dice que los norteamericanos más ricos "comandan" una "injusta porción" de nuestra "riqueza nacional". Tales expresiones implican que la riqueza del país is una torta comunal que pertenece a todos nosotros por igual.

Pero nada de eso es asi.

La enorme riqueza que existe en Estados Unidos ha sido creada a través de las actividades productivas y los acuerdos voluntarios de los individuos. Y los individuos no necesariamente crean la misma cantidad de riqueza. Comparemos el valor creado por el empresario cuyo programa de computación es buscado afanosamente por millones, con el cajero de la tienda que lo vende. Esas enormes diferencias en productividad, que pueden ser la consecuencia de enormes diferencias en habilidad, ética de trabajo, interés, destreza y elección, están en la raíz de las diferencias de ingresos.

Porque toda la riqueza creada pertenece justamente a aquellos que la ganaron (o a los beneficiarios que designaron), y nadie puede reclamar con justicia la riqueza ganada or otros. Si alguien desea ganar más dinero es libre de dedicarse a una nueva actividad, obtener nuevos conocimientos, iniciar un nuevo emprendimiento, o hacer cualquier otra cosa que le permita crear más valor.

A menudo se dice que los ricos se hacen más ricos a expensas de los demás, que si alguien recibe porciones más grandes de la torta, el resto sólo recibe migas. Pero en realidad sucede lo contrario. Al crearse riqueza (incluyendo la torta), no hay límite para la cantidad que pueda existir, y la riqueza de otros no puede inhibirnos para crear y disfrutar la nuestra. Más aún, la creación de riqueza de los norteamericanos más ricos nos hace mucho más productivos y prósperos.

Considemos cómo los individuos más ricos en cualquier economía libre, empresarios, hacen su dinero. El trabajo de empresario es orquestar las empresas productivas las que a su vez coordinan eficientemente personas, recursos y herramientas para crear productos valiosos. Los empresarios ganan cuando obtienen productos valiosos a precios deseables; por lo tanto, los empresarios están contínuamente haciendo más productos, mejores y más baratos, para todos los compradores. Los empresarios ganan cuando hacen que otros sean más productivos; por lo tanto, los empresarios buscan continuamente la creación de nuevos trabajos y proveen a sus empleados con la mayor cantidad de herramientas para mejorar la productividad y tecnologías que pueden. La búsqueda de ganancias de los empresarios ha sido la fuerza impulsora detrás del incalculable aumento de nuestros niveles de vida de los últimos 150 años, y la historia económica muestra que cuanto más libres son para hacer dinero, mayor es el aumento de productividad y salarios en todos los niveles.

¿Qué explica entonces las pobres oportunidades educativas, los crecientes costos de salud, y los salarios estancados que son problemas reales para muchos norteamericanos?

Las políticas gubernamentales basadas en la misma mentalidad igualitaria que denuncia la "desigualdad de ingresos". En nombre de dar a los ciudadanos "acceso igualitario" a la educación y la salud, el gobierno se ha hecho cargo virtualmente de esos sectores estableciendo controles paralizantes sobre productores y consumidores. En pos de nivelar los ingresos, el gobierno establece leyes de salario mínimo y anti despidos que dificultan el ingreso de nuevos trabajadores al mercado. En nombre de protegernos de los malvados ricos y de las grandes empresas, el gobierno aplica interminables regulaciones que achatanla productividad de todos y dificultan que los nuevos emprendimientos tenga éxito.

En Estados Unidos, igualdad sólo debe querer decir una cosa: libertad para todos. Si los negocios y los salarios se desregularan veríamos un enorme incremento de las oportunidades económicas. Si la educación y la salud fueran libres, permitiéndose que los empresarios, médicos y educadores ofrecer educación y salud en todos los niveles de precios, veríamos mejoras de calidad y precio como los de las computadoras y los televisores de pantalla plana. Pero esos beneficios de la libertad requieren que reconozcamos el derecho moral de cada individuo de disfrutar de lo que produce, y aceptar que ninguno de nosotros tiene derechos a algo a cambio de nada.

Fuente: The Ayn Rand Institute

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El semanario "Búsqueda" publicó el 17 de abril una información sobre el procedimiento seguido en 2005 por el estatal Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) para la cancelación de una deuda y un préstamo otorgado al vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, solo dos meses después de haber asumido su cargo.

La publicación también entrevistó, para una siguiente edición, al presidente del BROU, Fernando Calloia, encuentro en el que este vertió una serie de amenazas y reproches contra los periodistas del semanario.

Posteriormente, el 2 de mayo, la gerencia del BROU comunicó al semanario que dejaba sin efecto una orden de compra de espacio publicitario solicitada desde el 11 de abril.

El presidente de la SIP, Earl Maucker, editor y vicepresidente del diario Sun-Sentinel de Florida, señaló que la retirada de la publicidad oficial de un medio "en venganza por su línea editorial o por sus críticas o denuncias representa un acto discriminatorio que la SIP siempre lo ha considerado corrupto". Una corrupción que nace, prosiguió, de utilizar "los recursos del erario público como si se trataran de recursos personales".

Por su parte, el presidente de Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gonzalo Marroquín, lamentó que la discriminación de la publicidad oficial siga utilizándose en Uruguay como un método para castigar y para premiar a los medios de comunicación.

El 25 de abril la SIP ya había expresado preocupación por amenazas contra dos periodistas del semanario "Búsqueda". En esa oportunidad, la SIP informó que los periodistas Ismael Grau e Iván Kirichenko, del semanario "Busqueda", acudieron días antes al despacho del presidente del BROU, Fernando Calloia, para dar seguimiento a una investigación periodística.

La pesquisa estaba relacionada con el procedimiento seguido en la entidad bancaria para la cancelación de una deuda y de una medida de embargo contra el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, emitida dos meses después de haber asumido el cargo público en el 2005.

De acuerdo con la edición de "Búsqueda" del 24 de abril, relató la SIP, antes de iniciar la entrevista Calloia 'comenzó a gritar y a golpear la mesa, acusó a sus entrevistadores de haber actuado con mala intención, los insultó, los provocó y hasta llegó a decir que si no fuera porque no tiene más alternativa que 'respetar las reglas de juego de la democracia', dirimiría sus diferencias con ellos mediante un 'duelo''.

El tono de la entrevista también tuvo otros momentos de tensión en la que el titular del banco citó y se refirió al reportaje sobre el caso como 'canallesco', según la SIP. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gonzalo Marroquín, aseveró: 'Nos preocupan las actitudes de reprobación y amenazas de un funcionario público ante la información de interés general difundida en un medio de comunicación que a su vez le da tiempo igual para presentar sus argumentos'.

"La parte más centrada del gobierno propone un TLC con Estados Unidos (...) y el Presidente de la República se sacaba fotos hace pocos días con López Mena, Eurnekian, Macri y empresarios chinos. Frente a esos episodios y simultáneamente, al MGAP le preocupa la nacionalidad de los dueños de la tierra, al punto que logró prohibir con ese propósito su propiedad por parte de sociedades anónimas. Pero le preocupa también la nacionalidad de las empresas lácteas (evitar la extranjerización, dice la de ley de lechería) y también de las empresas forestales. El MGAP está pues en un lío porque la verdad es que en los últimos tiempos, pero con marcada intensidad en esta administración, buena parte de la agroindustria y miles de hectáreas de tierra han pasado a manos extranjeras".

"¿Qué tenemos hoy en materia de nacionalidad? En un vistazo muy general podemos apreciar: ventas de los más importantes frigoríficos a argentinos, brasileños o americanos; curtiembres y molinos harineros grandes en manos de argentinos e italianos; fábricas de papel, empresas de forestación, plantas de celulosa, todo en manos de españoles, americanos, finlandeses y brasileños. Buena parte del área de soja y hasta de la papa en manos de argentinos; mucha tierra en el norte en manos de brasileños, propietarios a la vez de la mayoría de las represas para riego y de los molinos arroceros. Varias empresas lácteas en manos de mexicanos y argentinos, y próximamente de americanos y brasileños. Empresas textiles en manos de venezolanos. Y fuera del sector agropecuario: casi todos los bancos son extranjeros; los edificios del este, argentinos; la distribución de combustible, el gas, la fabricación de alambres, brasileña; grandes empresas de construcción, de software, de pesca y de transporte son extranjeras y hasta indias, por citar una nación lejana, clave en las zonas francas. Las semillas, la maquinaria agrícola, los agroquímicos, la tecnología que traen, en buena medida son foráneos. Y en cuanto a lo que consumimos, los zapatos son en general brasileños o chinos; la ropa también; los electrodomésticos, los muebles, los cables, los teléfonos, las computadoras, los cuadernos, la yerba, el termo, los autos, todo proviene del exterior. Finalmente, hasta Peñarol ha cedido parte de su propiedad a un fondo de inversión manejado por un holandés con dinero internacional".

"Creo que la nueva maldición sobrevendrá, para aquellos que cantaban a lo extranjero como "enfermedad del presente, cuándo dejarás mi tierra", cuando tengan que explicar que el éxito económico y probablemente también el suceso político que pudieran haber alcanzado, derivaron de esta fuerte extranjerización de todos los medios de producción, incluida la tierra, en su propiedad o en su explotación".

"Esta corriente de inversiones externas supone un desafío a otro nacionalismo, que no consiste en hacer todo con recursos nacionales y consumir todo de origen uruguayo. Precisamente el nacionalismo de puertas abiertas a todo lo extranjero que me gusta profesar, apuesta a que cada vez sea mayor la calidad de nuestro recurso humano y de nuestras instituciones, para que aquellos que vienen por aquí decidan quedarse y agrandar sus vínculos económicos y de otra índole con nuestro país. Que lo vean como una tierra para trabajar, para vivir y para morir, como lo fue para nuestros antepasados: un Uruguay de reglas respetadas, de valores humanos difundidos y defendidos, de políticas estables, de instituciones confiables".

"Por eso defiende mucho más su país, es más nacionalista diría, el que lucha por evitar leyes que destruyan contratos o que ensucien relaciones laborales, o que difundan un relativismo total en las relaciones humanas, que aquél que tolera todo esto y luego hace gárgaras con la nacionalidad de los titulares de ésta o aquélla actividad".

Extracto del artículo "La Bendición de Malinche" de Julio Preve Folle. Suplemento "Economía y Mercado". "El País", 06-06-2008. (la negrita es nuestra)

"Hubo un terrible accidente", dijo el intruso. Los integrantes de la reunión nos quedamos mirándolo. Me pregunté quién era este tipo que había entrado de manera tan desordenada a una reunión en la que no participaba.

"¡Un avión se estrelló contra las Torres Gemelas en Nueva York!", nos gritó el intruso. Nadie se movió. Finalmente el anfitrión le dijo al intruso: "¡Dale Juan! Estamos trabajando acá. Y hoy no es el Día de los Inocentes". "En serio", contestó el intruso y se fue.

La reunión continuó un poco más, hasta que alguien golpeó la puerta. El mismo tipo entró en la sala. "Otro avión se estrelló contra las Torres Gemelas", dijo. Esta vez su timbre de voz era más bajo y sombrío.

La reunión había terminado. Todos nos trasladamos a la oficina de al lado donde había un televisor encendido. En los siguientes minutos nadie dijo nada. Simplemente nos quedemos ahí, mirando aquellas horribles imágenes. Repetidas, una vez y otra vez.

Alrededor de las 11 de la mañana salí del edificio del LATU hacia mi auto. Estaba entumecido. Tenía que ir al centro, pero me volví para casa. No recuerdo nada de mi viaje a casa, excepto aquella espectacular mañana de sol...

Los siguientes 3 or 4 días los pasé en casa viendo CNN. Angustia, rabia, tristeza, duelo...

Siete años después, aún siento escalofríos cuando recuerdo aquella reunión de negocios en el LATU.

Desde aquella terrible mañana de sol hace siete años algo dentro mío ha cambiado. El mundo ha cambiado. "¿Hacia dónde vamos?", me preguntaba entonces y ahora. Quién sabe...

Maitena, la caricaturista y escritora argentina, dibujó una conmovedora ilustración que salió publicada el 13-09-2001 en "La Nación" y que acompaña este comentario. La imagen refleja vivamente los sentimientos que compartimos aquella mañana apocalíptica, hace siete años.

El gobierno de Vázquez "insulta, acusa, presiona y hostiga a los medios y periodistas independientes o críticos, e incluso se profundizó este semestre", precisó el reporte.
La prensa y los hombres de prensa críticos del gobierno "reciben de ministros, senadores y medios acólitos al presidente Vázquez adjetivaciones tales como 'gusanos', 'deleznables', 'bajos', 'infames', 'difamadores', 'inventores' de noticias', 'tergiversadores', 'mentirosos sin escrúpulos', 'payasos' e 'hijos de p...'", según el informe de la SIP.

La denuncia también agrega que el gobierno de Vázquez ha optado por utilizar la publicidad estatal "para premiar a los medios más adictos al Gobierno en desmedro de la prensa independiente o crítica, generando condiciones de competencia desiguales e injustas".

El informe de la SIP describe uno de los casos más sonados, que involucró al subdirector de Comunicación Institucional de la Presidencia, Gustavo Antúnez, "quien cuestionó al jefe de informativos de radio El Espectador, Martín Pintos, cuando éste informaba sobre un discurso del presidente Vázquez el 8 de marzo". Agregó que el hombre de radio recibió un mensaje de texto a su celular, después de anunciar que pondría al aire opiniones de la oposición sobre un discurso de Vázquez de ese día. El mensaje de Antúnez decía: "¿Por qué no aclarás? ¿Tenés miedo de presentar a un presidente de verdad?, ¡gusano!".
Antúnez admitió haber enviado el mensaje pero que, aún así, no fue sancionado por el presidente.

El gobierno progresista atacó a la prensa desde el principio

Los informes semianuales de la SIP dan cuenta de serios ataques a la prensa por parte del gobierno progresista desde 2005. El 14-05-2008 la SIP protestó la decisión del Banco de la República de retirar sus avisos del semanario "Búsqueda".

El 25-04-2008, la SIP denunció amenazas por parte del presidente del Banco de la Répública, Fernando Calloia, contra los que los periodistas Ismael Grau e Iván Kirichenko de "Búsqueda", que acudieron a su despacho para dar seguimiento a una investigación periodística sobre el procedimiento seguido en la entidad bancaria para la cancelación de una deuda y de una medida de embargo aplicada en el 1995 contra el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, a solo dos meses de haber asumido el cargo público en el 2005. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gonzalo Marroquín, aseveró que "nos preocupan las actitudes de reprobación y amenazas de un funcionario público ante la información de interés general difundida en un medio de comunicación que a su vez le da tiempo igual para presentar sus argumentos".

En su informe sobre Uruguay del 30-03-2008, la SIP dijo que se registraron una quincena de ataques verbales contra la prensa por parte del Vicepresidente del país, cinco ministros de Estado, tres senadores del gobierno y otros dirigentes del oficialismo, así como de la Dirección Nacional del gobernante Frente Amplio. Rodolfo Nin Novoa y su hermano Gonzalo Nin Novoa, la ministra del Interior Daysi Tourné, el ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano, el ministro de Ganadería, José Mujica, la ministra de Salud, María Julia Muñoz, el senador astorista Carlos Baraibar, el senador tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, fueron individualizados por la SIP.

El 24 de marzo el Frente Amplio emitió una declaración acusando a "los grandes medios de comunicación" de confabularse con los partidos de la oposición para atacar al Poder Ejecutivo y, también, para afectar "la independencia del Poder Judicial", en momentos en que la Suprema Corte de Justicia se disponía a emitir una sentencia que declara fuera de la Constitución una serie de impuestos aprobados por la Presidencia.

A fines del 2007, el gobierno pareció modificar su estrategia de presión sobre la prensa, al lanzar un planteo para que medios y periodistas se "autorregulen" por medio de un "código de ética". El vicepresidente Nin Novoa, el director de Planeamiento, Enrique Rubio y el secretario general del gobernante Partido Socialista, Eduardo Fernández, promocionaron esta idea durante semanas. Fernández manifestó que se pusieran en "debate" hasta los editoriales que publica la prensa.

En su informe de octubre de 2007, la SIP dijo que el hostigamiento verbal contra la prensa independiente o crítica continuó por parte de organismos del gobierno, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Legislativo, aunque el presidente Tabaré Vázquez ha moderado sus ataques personales contra medios y periodistas.

En marzo, la ministra de Salud, María Julia Muñoz --una de las principales acusadas de discriminar medios a través de la asignación política de la publicidad de su ministerio-- atacó a la SIP por la difusión del informe aprobado en Cartagena.

El 22 de marzo, el primer senador del gobierno, el tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, y la senadora Lucía Topolansky acusaron al semanario "Búsqueda" de inventar noticias, y de que el periódico "juega un papel" en la política uruguaya para perjudicar al gobierno por ser "el gratín de la crema de la peor derecha".

El 13 de abril, fotógrafos de periódicos locales y de agencias de noticias emitieron una declaración en rechazo al Ministerio del Interior que pidió imágenes publicadas de incidentes ocurridos durante manifestaciones de protesta por una visita al Uruguay del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, con el propósito de identificar a los participantes.

El 13 de junio, el senador oficialista José Korzeniak atacó durante una sesión del Congreso al diario El País, al que acusó de "mentir de manera ostensible y grotesca" y de hacerlo por ser --dijo-- "una empresa periodística de derecha".

El 28 de agosto, el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, afirmó durante una conferencia ante empresarios que algunas "actitudes del periodismo" uruguayo buscan "desestabilizar o poner en aprietos al gobierno", mientras se refería a noticias relacionadas con el caso de Alejandro Guido Antonini Wilson, un venezolano allegado a negocios con el gobierno de Hugo Chávez descubierto con 800 mil dólares ilegales adentro de una valija en el aeropuerto de Buenos Aires, que luego viajó a Uruguay.

El 18 de septiembre, el sindicato de periodistas (APU) denunció que el estatal Banco de Previsión Social (BPS) abrió una investigación para conocer el origen de una "filtración" informativa y, en ese marco, citó a dos periodistas del semanario Brecha para "interrogarlos de manera improcedente" sobre sus fuentes de información. Los periodistas, Fabián Werner y Walter Pernas, habían publicado el 31 de agosto un artículo que revelaba presuntos hechos de corrupción en los casinos públicos, que involucran al actual Director Nacional de Casinos del Estado, Juan Carlos Bengoa. Los periodistas se negaron a revelar sus fuentes informativas y cuando pidieron a sus interrogadores del BPS una copia de la declaración que habían hecho, ésta les fue negada, lo cual configuró una violación de las garantías del debido proceso.

El 6 de septiembre, el asesor en Comunicaciones de la telefónica estatal Antel, Michel Visillac, admitió públicamente en el diario oficialista La República que esa empresa empleaba o se disponía a emplear criterios discriminatorios para la adjudicación de publicidad oficial e instó al resto de la Administración Pública a hacer lo mismo.
Luego declaró al diario El País, donde dijo que "si en un programa de TV están atacando a la empresa, no puede aparecer en la tanda de ese programa publicidad de la empresa. No sería lógico; es como tirar la plata. Me puede pasar lo mismo en un diario cuando un editorial habla mal de la empresa y en la siguiente página hay un aviso entero".

En el informe de marzo de 2007, la SIP dijo que se constataron ataques crecientes, por ahora sólo verbales, desde el Poder Ejecutivo que encabeza el presidente Tabaré Vázquez, contra la prensa independiente o crítica. Entre otros hechos relevantes, el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, calificó de "impertinente" el informe anterior de la SIP; y el Poder Judicial pareció permearse por un nuevo estándar adoptado por la Suprema Corte de Justicia, que coloca el honor de los funcionarios públicos por encima de la libertad de expresión, aun cuando se trate de informaciones u opiniones de notorio interés público difundidas en la prensa.

En junio del 2006, el presidente Vázquez había difundido una "lista negra" de ocho medios de comunicación, tres de ellos periódicos que son miembros de la SIP, acusándolos públicamente de integrar la "oposición" política contra su gobierno. Siete meses y medio después el presidente Vázquez ratificó su postura. El 1 de marzo el diario Plan B, de reciente aparición, consultó a Vázquez sobre si consideraba que sus opiniones habían sido "apresuradas" o si "las sigue manteniendo". El Presidente respondió: "mantengo las opiniones expresadas". Además, cuando se le preguntó por el "revuelo que generó" con esos ataques, contestó en un tono burlón: "no tengo claro a qué revuelo se refiere usted".

Durante el último semestre, el presidente, su secretario, ministros de Estado, connotados parlamentarios oficialistas y hasta la esposa del primer mandatario han acusado públicamente a distintos medios de prensa de "conspiraciones" y "complots" contra el gobierno que nunca probaron, de "jugar jucio", "trampear", "estafar", "tergiversar" y "mentir canallescamente" al publicar noticias ciertas y de plantear "una lucha sorda" contra la administración con el "objetivo político" de "dejar la sensación" de que la situación del país "es horrible" para "limar la esperanza" de la gente. También han señalado falsamente a periodistas profesionales como integrantes de "servicios de inteligencia", han protestado porque la prensa no "exagera las bondades del gobierno", han atacado a la televisión privada por difundir "programación chatarra", por convertir "la noticia en un espectáculo" y por hacer de éste "una morbosa exhibición del lado oscuro de la naturaleza humana", han inventado inexistentes "coordinaciones" entre medios de comunicación para la publicación simultánea de noticias, en el marco de una "escalada orquestada por la derecha y por sus medios contra el gobierno" para "cuestionarlo" y "descalificarlo", y han hecho convocatorias públicas para "dar una cerrada batalla en todos los ámbitos" al alcance del oficialismo "para desenmascarar estos operativos políticos mentirosos, injuriantes e inmorales".
El 7 de diciembre del 2006, el sindicato de periodistas APU difundió el primer (y, hasta ahora, único) documento relacionado con el manejo de la publicidad oficial desde que el gobierno del presidente Vázquez asumió el poder el 1 de marzo del 2005. La investigación incluyó a 11 organismos del Estado que incurren en más gastos en publicidad oficial y manejan importantes fondos para esta finalidad. Algunos de estos organismos son los mismos que, en el pasado, observaron un comportamiento irregular o arbitrario en la adjudicación de la publicidad oficial. Se trata de la Presidencia de la República, dos ministerios (Transporte y Obras Públicas, y Salud Pública), cuatro bancos (el República, el de Previsión Social, el Hipotecario y el de Seguros), cuatro empresas públicas (agua y saneamiento, telecomunicaciones, energía eléctrica y combustibles) y un gobierno municipal (el de Montevideo). Según el documento, de los 11 organismos consultados, "sólo tres entregaron la información solicitada en un tiempo razonable", cuatro "dieron trámite" a los pedidos de información, "pero pusieron obstáculos formales o burocráticos" para proporcionarla, tres ignoraron "por completo" las solicitudes y ni siquiera las respondieron. En el caso restante, "el organismo se negó a brindar la información porque entendió que el gasto en publicidad oficial se encuentra amparado por el secreto tributario". A pesar de los obstáculos reseñados para conseguir la información, el documento concluyó sobre la base de "información privada" que, al menos en tres de los casos estudiados, la adjudicación de la publicidad oficial favoreció a medios identificados con el gobierno, en perjuicio de los medios independientes o críticos. El documento mencionó al Ministerio de Salud Pública por haber incrementado su inversión publicitaria en la prensa, aunque "el aumento" se dio "en medios claramente identificados con la tendencia política del gobierno, mientras que en otros se produjo directamente un retiro de la publicidad". También la Intendencia Municipal de Montevideo aumentó su inversión publicitaria. Pero el documento dijo que "ese aumento en el monto invertido no es equitativo, ya que mientras algunos recibieron efectivamente aumentos, otros en cambio sufrieron una disminución. De esos datos surge además que uno de esos medios escritos (de igual tendencia política que el gobierno) recibió cuatro veces y media más de dinero por publicidad en el 2005 que en el 2004. Este aumento no se repitió en ninguno de los otros medios de los que tenemos datos". Además, la petrolera estatal ANCAP aumentó su inversión publicitaria en la prensa. "Sin embargo --advirtió el documento-- hay que señalar la desproporcionalidad de los cambios efectuados. Mientras que algunos medios vieron disminuidos sus ingresos por publicidad oficial a menos de la mitad, otros (de igual tendencia ideológica que el gobierno) los vieron incrementados hasta casi cuatro veces".

En octubre de 2006, la SIP informó que la libertad de prensa en Uruguay sufrió un severo retroceso en el período anterior, durante el cual se han acumulado sentencias judiciales y ataques crecientes desde el Poder Ejecutivo que encabeza el presidente Tabaré Vázquez. En junio el Presidente Vázquez señaló a nueve medios de comunicación (entre ellos, tres periódicos miembros de la SIP) como "actores políticos" que forman parte de la "oposición", en un intento por restarles autoridad y credibilidad ante el público.

En setiembre, el instituto gubernamental para las políticas de la infancia "plantó" una "denuncia" proveniente de alguien "anónimo" contra un periodista, acusándolo a él y a su esposa -también periodista- de maltratar a un hijo de 6 años. La supuesta "denuncia", que el instituto se negó a proporcionar al periodista, se "plantó" por parte del "fantasma acusador" después de la difusión de una noticia que involucraba a las autoridades del organismo, que causó revuelo en medios parlamentarios y periodísticos. El periodista tiene ahora que llevar la carga de demostrar su inocencia ante una acusación que le hace el Estado, procedente de alguien desconocido, a quien el Estado no identifica y cuya presunta "denuncia" se niega a facilitar.

El 23 de marzo, ediles de la oposición denunciaron en la Junta Departamental de Montevideo que el gobierno de la capital, ejercido por el Frente Amplio, adjudica discrecionalmente publicidad oficial a favor de los periódicos Voces del Frente y La República, ambos afines al oficialismo. El 24 de abril el gobierno explicó sus criterios, pero sin convencimiento.

El ministro José Mujica (Ganadería), que lidera el sector más poderoso del gobernante Frente Amplio, atacó a los periodistas aduciendo que mantienen "a la gente sumergida en una especie de tonta bobería" y convierten "en temas esenciales" asuntos que "ni son urgentes" ni están planteados y, de ese modo, alejan al público "de cuestiones fundamentales".

El 4 de julio el sindicato de periodistas APU y la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) cuestionaron una decisión del Ministerio de Educación y Cultura que restringe la libertad de expresión de los fiscales respecto a los dictámenes que éstos emiten. La APU dice que esa restricción "afecta directamente el derecho de los periodistas a informar a la población" porque "se restringe el acceso de los ciudadanos a información sobre procesos judiciales que afectan el interés general de la sociedad".

El 29 de agosto, el Directorio del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), responsable estatal para los políticas públicas hacia la infancia, difunde entre sus funcionarios una dura declaración contra la prensa, adjudicándole responsabilidad en la creación de una "sensación de inseguridad" en la sociedad.

El 7 de septiembre, el canciller Reinaldo Gargano atacó con dureza a lo que llama la "prensa de derecha" luego de que el semanario Búsqueda difundiera una encuesta encargada por el Partido Socialista, que él preside, según la cual el ministro tiene una "mala imagen" y debería abandonar "por voluntad propia" su cargo en el gobierno.

El 16 de septiembre, la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, "sugiere" a los periodistas ser "responsables" en el tratamiento de las noticias sobre salud porque, dice, pueden crear "situaciones de alarma pública" que generen "afecciones, enfermedad y muerte". La ministra --quien durante el 2005 afirmó y nunca probó que en el país hay periodistas que se reúnen semanalmente para "conspirar" contra el gobierno, presunto grupo al que bautizó como "el eje del mal"-- dice que "los medios deben pararse frente a muchas situaciones como se han parado frente al tratamiento del suicidio. Las autoridades tienen la responsabilidad de ofrecer a los comunicadores información correcta y ellos deben tener la responsabilidad de entender que la noticia, si provoca alarma, puede afectar la salud de los ciudadanos".

El 22 de septiembre, el viceministro de Educación y Cultura, Felipe Michelini, atacó con virulencia inusitada al semanario Búsqueda. El gobernante se molestó por la difusión, el día anterior, de una investigación periodística de ese medio, en la que el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, identificó a un parapolicial argentino como responsable por haber asesinado en 1976 en Buenos Aires a los ex parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

En su informe de marzo de 2006, la SIP dijo que dos ministros de Estado se lanzaron a atacar a los medios y periodistas que no se limitan a transcribir los comunicados oficiales, en una escalada que ya tiene varios adeptos en filas de la administración. Esta vez, el ministro del Interior, José Díaz, declaró públicamente que el "poder mediático" en Uruguay es "más fuerte que otros poderes democráticos". Luego, deslegitimó el papel de la prensa con el argumento de que a los medios "nadie los eligió", a diferencia de los gobernantes que pasaron por la prueba de las urnas. A su vez, en diciembre, la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, muy allegada al presidente Vázquez, dijo saber que hay un grupo de periodistas, al que denominó "el eje del mal", que se reúnen semanalmente para conspirar contra el gobierno. La ministra nunca identificó a los presuntos complotados, aunque dijo con toda claridad: "conocemos la existencia de esas reuniones".

El presidente del estatal Banco de Previsión Social (BPS), Ernesto Murro, lanzó veladas amenazas contra periodistas que discrepan con decisiones adoptadas a lo largo de su gestión. Murro atribuyó "intenciones" ocultas a quienes lo critican desde la prensa, pero, enigmáticamente, anunció que "ya lo vamos a averiguar".

En la segunda semana de marzo, durante una visita oficial a Caracas, el presidente Vázquez, sentado junto a su homólogo Hugo Chávez, pareció burlarse de la prensa, luego de una pregunta de un periodista del diario uruguayo El Observador sobre la posibilidad de que Uruguay suscribiera el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Vázquez sepultó sorpresivamente cualquier posibilidad de que el país firmara un acuerdo de ese tipo y, en tono burlón, atribuyó las ´´versiones´´ al respecto a ´´tergiversaciones´´ de la prensa la cual, según él, le inventa al gobierno planes que no tiene. Sin embargo, durante los últimos meses, fueron el propio Vázquez y, por lo menos, cuatro de sus ministros, entre ellos el de Economía, Danilo Astori, quienes aludieron pública y abiertamente a la idea de suscribir el tratado.

En noviembre el semanario Búsqueda informó de que la jueza penal de noveno turno Gabriela Merialdo solicitó a la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, que inicie investigaciones administrativas en esa Secretaría de Estado y luego le remita los resultados, a propósito de cómo se distribuyó la publicidad oficial durante gobiernos anteriores. A cuatro meses del pedido, la jueza aún no recibió ninguna información del Ministerio de Salud Pública.

En su informe de octubre de 2005, la SIP dijo que las notas negativas del período provinieron de algunos miembros del gobierno, quienes han hostigado con virulencia a la prensa y a los periodistas. El senador oficialista José Korzeniak del gobernante Partido Socialista, consiguió que el Senado se reuniera para denostar a medios y periodistas, en un acto que fue considerado por senadores de la oposición como un ataque a la libertad de prensa.

El 14 de setiembre el sindicato de periodistas denunció que el reportero Marcelo Borrat, coconductor del programa "Juramento Hipocrático" que se emite por la emisora radial AM Libre, del grupo mediático dirigido por el empresario argentino Federico Fasano, fue víctima de "la más grosera y directa censura" cuando "fue cortado" por su empleador mientras leía un comunicado del sindicato de los periodistas de TV Libre, que estaban en conflicto con Fasano por razones salariales. La APU expresó que "es muy importante visualizar este tipo de comportamientos contrarios a la libertad de expresión en momentos en que el gobierno estudia la concesión de una frecuencia por aire (canal 8 de televisión) a Fasano" y reclamó que las señales de radio y televisión sean asignadas a través de procesos licitatorios y no directamente.

Y el 4 de octubre, el diario El País de Montevideo denunció que la empresa naviera Buquebus, que conecta a través de un puente fluvial a las ciudades uruguayas de Montevideo y Colonia con Buenos Aires (Argentina), decidió aplicar "un gravamen absolutamente discriminatorio" para transportar la publicación a bordo de sus barcos, lo que obligó al periódico a cesar la relación contractual con esa compañía. Buquebus, propiedad del empresario naviero argentino Juan Carlos López Mena, resolvió retirar además la publicidad de El País. La empresa naviera, cuyo propietario cofinanció la campaña electoral del presidente Tabaré Vázquez, ha sido denunciada en El País y en otros medios de comunicación como deudora del Estado uruguayo. Los directivos de El País creen que tanto el "gravamen discriminatorio" para el transporte de los diarios a Buenos Aires como el retiro de la publicidad, obedecen a una actitud de represalia de López Mena a raíz de los artículos críticos publicados en el diario, que denunciaron las vinculaciones del empresario con el gobierno.

La nota preocupante del período es la asociación de Uruguay a Telesur, el canal multiestatal creado por el gobierno del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Uruguay tiene sólo el 10 por ciento de las acciones de Telesur, pero el hecho de estar asociado en ese emprendimiento con dos gobiernos enemigos de la libertad de expresión, como son los de Venezuela y Cuba que reúnen la mayoría accionaria, es lo que genera inquietud en el país.

El 5 de junio, el director de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Tabaré González, amenaza con iniciar "acciones legales" contra el diario El Observador por haber publicado noticias sobre problemas en el funcionamiento del principal hospital público de Uruguay, calificándolas como "patrañas". El funcionario alega que "una cosa es libertad de prensa y otra libertinaje". Las noticias se confirmaron después y el funcionario nunca hizo la denuncia judicial.

El 11 de agosto, el senador José Korzeniak, anuncia en un juzgado civil que hará una "contrademanda" contra el semanario Búsqueda, su director Claudio Paolillo, su consejero delegado Danilo Arbilla, su columnista Tomás Linn y una decena de periodistas de la publicación "por grave daño moral" a raíz de un editorial y "algunas notas". El senador declara que reclamará 150.000 dólares de indemnización. La "contrademanda" del senador oficialista se produce el mismo día en que los periodistas de Búsqueda, atacados antes por el jerarca gubernamental como meros "instrumentos" de los partidos de la oposición, confirman en el juzgado una demanda civil contra Korzeniak de "responsabilidad extracontractual por abuso en el ejercicio de la libertad de expresión, hecho ilícito y daño al honor en varias de sus dimensiones (reputación, dignidad personal, trayectoria profesional y vida de relación". Los demandantes reclaman, cada uno, 10.000 dólares de indemnización.

Si es por cuestiones de salud, parece contradictorio que paralelamente promueva el boxeo, uno de los deportes menos saludables y cuyas consecuencias para quienes lo practican son, en la mayoría de los casos, muy dañinas.

Peor aún, el gobierno prohíbe el ingreso de medicamentos y de cualquier avance técnico que contribuya a mejor cuidar la salud de la gente. Durante un tiempo no autorizó el ingreso de la vacuna contra el virus del papiloma humano, causa mayor del cáncer de útero y que se aplica preventivamente a las jóvenes en la preadolescencia. La razón: era una vacuna muy cara y la gente de menos ingresos no podría adquirirla. Por esta vía se estaría aplicando la consigna "vacuna para todos o vacuna para nadie".

Algo parecido pasa con la prohibición de ingresar los equipos técnicos para realizar tomografías por emisión de positrones (PET), uno de los avances más grandes que ha hecho la humanidad en cuanto a la ciencia médica en su lucha contra el cáncer. También parece que el motivo, o uno de los motivos, de esa decisión es evitar que sólo se beneficien los ricos y el sector privado.

Es increíble, ¿no? Castigan a los que ganan más obligándoles a pagar más, según dicen (aunque en realidad la más castigada es la clase media) y además no les permiten comprar lo que quieran con lo que sobra del fruto de su trabajo, luego de verter buena parte de ello para mantener a la burocracia.

Parecería que aflora una especie de resentimiento, de envidia, de venganza contra el que más o menos le va bien. Debe ser lo que suele llamarse "lucha de clases".

Lo que es notorio es que todo este tipo de medidas, prohibiciones y restricciones, por un lado, y los beneficios que se dan a aquello que gusta o divierte, por otro, es una forma de privar a los ciudadanos del derecho a usar sus recursos en lo que quieran.

Disimulando ese derecho con más prohibiciones, se enmarca una política que le permite al Estado y a la burocracia tener cada vez más control de la vida de los ciudadanos.

Quizás sea ese la política oficial real: avanzar contra la autonomía y las libertades de los ciudadanos para dirigirlos, someterlos y controlarlos hasta conseguirlo totalmente.

Eso es lo que pasa y parecería qu la mayoría de los ciudadanos se dará cuenta de ello cuando ya sea tarde.

Tomado de la nota editorial titulada "Prohibir y controlar". "Búsqueda", 19-02-2009, pag. 2.

Resulta francamente molesto ver como la palabra "democracia" ha reptado al primer plano cuando queremos referirnos a la forma de gobierno que se supone que nuestro país tiene cuando, en realidad, deberíamos hablar todo el tiempo de "república". Al final de cuentas, somos la República Oriental del Uruguay. La confusión entre "democracia" y "república" viene de lejos. El artículo 82 de nuestra Constitución refleja esa confusión al definir nuestra forma de gobierno como "democrática republicana", un concepto difícil de explicar.

Una democracia en estado puro no es más que el "imperio de la turba" o la "ley de la selva", donde no hay salvaguardas para los derechos del individuo. Mientras que una república se define por el "imperio de ley" apoyado en la división de poderes. Es cierto que elegimos al presidente de la República, a los legisladores, y demás representantes mediante un sistema democrático pero, una vez concluida la elección, esos representantes quedan obligados por juramento a obedecer y defender la Constitución de acuerdo a los mecanismos de una república constitucional.

En una república constitucional el jefe de estado y los legisladores son electos representantes del pueblo y deben gobernar de acuerdo al derecho constitucional vigente que limita el poder del gobierno sobre los ciudadanos.

En una república constitucional los poderes ejecutivo, legislativo y judicial son ramas separadas y la voluntad de la mayoría de la población es controlada por protecciones a los derechos individuales, de modo que ningún individuo o grupo tengan poder absoluto.

El hecho de que exista una constitución que limita el poder del gobierno hace que el estado sea constitucional, que el jefe de estado y demás representantes sean elegidos en elecciones, en lugar de heredar sus cargos, y que sus decisiones estén sujetas a revisión judicial. Todos estos ingredientes forman una república.

A diferencia de lo que sucedería en una democracia pura, en una república los ciudadanos no son gobernados por la mayoría del pueblo sino por el imperio de la ley. ("rule of law", como dicen los anglosajones). Las repúblicas constitucionales son un intento deliberado de controlar la amenaza de las turbas, protegiendo a los individuos opositores de la tiranía de la mayoría. El poder de la mayoría del pueblo se controla limitando el poder de los representantes electos quienes deben gobernar dentro de los límites constitucionales, en vez de que el voto popular tenga poder legislativo por sí mismo.

John Adams definió a una república constitucional como "un gobierno de leyes, no de hombres".

Estos conceptos de política clásica aparecen difusos, confusos o llanamente ignorados en estas latitudes, en nuestro tiempo. Nada de esto es teoría, aunque lo parezca. Es la esencia de la civilización occidental. Sin Constitución y Ley no hay República. Y sin República, los Derechos y las Garantías Individuales son letra muerta. La Democracia entre ellas.