Comentario Nacional

El procesamiento la semana pasada de una abogada que ingresó en una carcel un arma para un recluso, dejó al desnudo una falla legal ridícula del sistema penal caduco que tenemos: no existe una norma que sancione el ingreso de armas a las cárceles, si el preso es primario. Según informó "Búsqueda" la semana pasada, en este caso la condición de reincidente del recluso que recibió el arma habilitó a la jueza actuante para aplicar el art. 141 de la ley 17.296 de 2001. Esa norma castiga con 3 a 24 meses de prisión a quien "portare un arma de fuego habiendo recaído sobre su persona sentencia condenatoria ejecutoriada" que no exceda los 5 años, por una serie de delitos que incluyen el hurto. En aplicación de esa norma, el 14 de junio procesaron al preso que recibió el arma como autor, y a la abogada que introdujo el arma en la carcel como coautora. Si el preso no hubiera sido un reincidente condenado a menos de 5 años por uno de los delitos mencionados en la ley, ni él ni la abogada hubieran sido procesados. "Si la figura penal no incrimina concretamente una conducta el juez no puede procesar porque violaría las garantías del debido proceso", explicó a "Busqueda" un especialista.

"La Corte Electoral tiene que estar al servicio de la mayoría democrática, les guste o no les guste a sus integrantes". Diputado Edgardo Ortuño (Vertiente Artiguista). Sesión de la Cámara de Diputados del 17 de octubre.

Probablemente ninguna frase encierre una definición tan precisa sobre la naturaleza del régimen existente en el Uruguay, como la que transcribimos más arriba. El diputado Ortuño no podría haber sido más franco. La Corte Electoral tiene que estar al servicio del Frente Amplio, dice el legislador. Su versión de la democracia es igual a la de Chávez. Mayorías al mando de la aplanadora. Subordinación de los derechos individuales y de los fueros de las minorías a la voluntad general. ¡Dejen gobernar a las mayorías democráticas!

El concepto de Ortuño es radicalmente opuesto al sistema democrático republicano que sustenta el marco constitucional del Uruguay desde 1830. Las instituciones políticas están al servicio de cada ciudadano, y el sistema institucional está diseñado en torno a un probado sistema de equilibrios y controles que aseguran esos derechos individuales, a la vez que limitan la concentración del poder.

La idea totalitaria que encierra la contundente frase de Ortuño ilustra el perfil del régimen que él integra. Ya hace 20 años que Montevideo está regida por un partido único y no hay ni miras de que ello vaya a cambiar en el mediano plazo. Ahora el Frente Amplio busca extender esa hegemonía a todo el país. En octubre de 2004 pareció que había alcanzado un porción de poder más que suficiente para llevar adelante la mayoría de sus proyectos. Mayoría absoluta en el parlamento, ausencia de la oposición en los entes, y control de las principales intendencias del país. Sin embargo, esto parece no ser suficiente para el Frente Amplio. El oficialismo quiere todo el poder, para lo cual debe controlar la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. Y de ese modo, extender el régimen de partido único a todo el país.

La frase del diputado Ortuño no navega en el limbo, sino que es coherente con muchas otras señales que vienen desde el poder. Todas esas señales llevan el mismo mensaje: el Frente Amplio y el gobierno no aceptan los controles ni las limitaciones impuestas por la constitución de la república. El Frente Amplio y el gobierno se niegan a la convivencia republicana y persiguen la claudicación de la oposición ante su visión totalizadora.

Algunas semanas atrás el ministro de transporte, Victor Rossi, "invirtió los términos de la Constitución y pasó de ser el legítimo "vigilado" a ilegítimo "vigilador", enviando a la Asamblea General sus duras críticas a las observaciones que le hiciera el Tribunal de Cuentas de la República por la privatización de Pluna", según señala "Búsqueda en su editorial del 20 de setiembre. La "descalificación" de una observación del Tribunal de Cuentas de la República realizada por el ministro Rossi "es muy grave y supone un exabrupto que consitituye una fuerte afectación de la institucionalidad", que pretende "desbordar los límites de actuación del poder administrativo del Estado", sostuvo el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres.

También a mediados de setiembre, y pese a las generalizadas sospechas de posibles actos de "corrupción" y falta de "transparencia" en la gestión del director nacional de Casinos, Juan Carlos Bengoa, la bancada de diputados del Frente Amplio no dio sus votos para conformar una Comisión Investigadora al respecto. Jorge Gandini recordó que entre 1990 y 2004 se pidieron 21 comisiones investigadoras, de las cuales 15 fueron planteadas por el Frente Amplio y recibieron el respaldo de los blancos. Ahora la cosa es distinta, parece.

El MLN que surgió de las mazmorras dictatoriales no estuvo dispuesto a integrarse al juego democrático "sin cartas en la manga", como señalara Raúl Sendic en conferencia de prensa, sino un movimiento que decidió apostar al doble juego: un accionar público, legal, y otro clandestino, dirigido a volver a montar un aparato armado y desarrollar una estrategia "revolucionaria".

En ese sentido, fueron notorios los contactos de los tupamaros, luego de 1985, con movimientos clandestinos armados como el argentino Movimiento Todos Por la Patria (MTP), liderado por el ex ERP Enrique Gorriarán Merlo, el peruano Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), y con la banda terrorista vasca ETA. También tuvieron relaciones con el régimen libio de Gadafi.

Fue el 24 de agosto de 1994, en ocasión de la extradición, dispuesta por un juez, de un grupo de etarras hacia España, que los tupamaros decidieron relanzar la lucha armada en Uruguay con resultados conocidos y trágicos.

Lo que debiera haber sido otro día de preparativos para disfrutar la "noche de la nostalgia", se tornó en una jornada de violencia y muerte, organizada por el MLN, que tomó la decisión de operar como brazo armado de la ETA. Ese día, por disposición soberana del Poder Judicial, debía procederse a extraditar a tres ciudadanos españoles residentes en Uruguay, acusados de pertenecer a la banda terrorista ETA e imputados de graves crímenes por la Justicia española. Todo el proceso, naturalmente, se había ajustado a Derecho.

Tontos útiles

Pero el MLN decidió montar un operativo de resistencia a la actuación del Poder Judicial, llamando a "impedir" la extradición de los presuntos etarras (luego se probaría la vinculación clara de dos de los tres a diversos asesinatos y otros actos violentos) que se encontraban internados en el Hospital Filtro, fruto de una presunta huelga de hambre (sorprendentemente, subieron al avión por sus propios medios).

A la convocatoria violenta del MLN --que llamaba a la resistencia activa desde los micrófonos de la entonces Radio Panamericana-- se sumaron como incautos políticamente correctos varios dirigentes del Frente Amplio, entre los cuales cabe destacar al actual Ministro Astori, al extinto general Seregni y, nada menos, el actual Presidente de la República, Tabaré Vázquez. Ciertamente, haciendo el lamentable papel de tontos útiles, no tenían la menor idea de que eran meros peones de un ajedrez jugado por otros: el MLN y la ETA.

La resistencia devino --como lo reclamaba el MLN-- activamente violenta, el Ministro del Interior de la época, Angel María Gianola, ordenó reprimir a efectos de garantizar el procedimiento judicial y todo terminó con un muerto, 35 civiles y 44 policías heridos, y 19 vehículos policiales destrozados.

Operación tupamara

Confiesa Zabalza al periodista Leicht, que ese operativo de resistencia era una "devolución de favores" que el MLN le hacía a la ETA por el apoyo financiero que la banda terrorista le había brindado. Tanto es así que, durante esa luctuosa tarde, la dirección en pleno del MLN (Mujica, Zabalza, Fernández Huidobro, Marenales, etc.) se encontraba en el interior de una camioneta "Combi" junto a un ómnibus "repleto de cócteles molotov y 5 mil miguelitos, además de una banda de jóvenes radicales deseosos de entrar en acción" (Leicht sic).

Pero no se trataba, solamente, de devolverle favores económicos a la ETA. Como se indica en el libro, "era la oportunidad de poner a prueba la fuerza militante que desde años atrás venían acumulando, de bautizarla con fuego en una instancia confrontativa".

¿Cómo se sentirán hoy, a la distancia, el Presidente Vázquez, y el candidato a la vicepresidencia, Danilo Astori, al recordar el triste papel que jugaron en aquella tarde luctuosa, decorando un escenario montado por la ETA para impedir el funcionamiento de las instituciones democráticas uruguayas, y por el MLN, con el actual candidato a la presidencia del Frente Amplio José Mujica, para darle su "bautismo de fuego" (y de muerte) a unos muchachos radicalizados?

Tomado de los artículos titulados "Asonada, miguelitos, bombas molotov y tontos útiles" y "El MLN post-dictadura". Sitio web del Foro Batllista.

El Partido Colorado resolvió presentar una denuncia ante el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública, por considerar que la subdirectora y una adscripta del Liceo 18 de Montevideo incurrieron en "persecución ideológica" con un alumno de 14 años de ese centro de estudios, que el sábado 1º participó como candidato en las elecciones de la juventud de ese partido.

Según el diario "El País", la historia comienza el martes 27 de noviembre. Ese día la adscripta Paula Sánchez llama a los alumnos que integraron la lista 2009 y les pregunta si sus padres estaban al tanto de qué habían firmado. Todos le responden que estaban acompañando a un compañero del liceo que era candidato en la lista 2009. Sánchez, que además es profesora de biología, anota los nombres de los alumnos y los números de teléfono de sus domicilios.

El miércoles 28 interroga al joven de 14 años, que el día anterior no había concurrido al liceo. De este interrogatorio también participa la subdirectora Daisy Rocha. La reunión duró una hora. Cuando entra en el despacho de la subdirectora, el joven observa que arriba del escritorio había una copia de la lista 2009 con su nombre marcado con un círculo, hecho que le impresionó.

Rocha y Sánchez le preguntan cómo había llegado a integrar esa lista. El alumno responde que fue a través de un tío que milita en el Partido Colorado que lo invitó a participar de las elecciones juveniles. Las funcionarias le dicen entonces que él estaba "manipulando" a sus compañeros al hacer que firmaran, y que a su vez el Partido Colorado lo estaba "manipulando" a él.

Con el argumento de que el joven tenía que saber el valor de una firma, le dicen que en la dictadura hubo gente que pasó dificultades por haber integrado listas de partidos políticos. Incluso, la adscrita Sánchez le advierte que si viene una "dictadura del Frente Amplio" él y sus compañeros podrían ser perseguidos.

La subdirectora Rocha le pregunta al joven si sabía quién había sido José Batlle y Ordóñez. El alumno responde que fue una figura histórica del Partido Colorado. Palabras más, palabras menos, la subdirectora afirma: "Batlle y Ordóñez fue un hombre de grandes ideas, que hizo mucho por el país, pero el Partido Colorado actual no tiene nada que ver con Batlle y Ordóñez".

El joven regresa a su casa, comenta el hecho con su familia y dice que lo que más le impresionó fue ver su nombre en la lista marcado con un círculo.

El viernes 30, indignada, la madre va al liceo a hablar con la subdirectora y la adscrita, quienes le ratifican el tenor de la reunión con su hijo.

Al otro día, el sábado 1° de diciembre, tienen lugar las elecciones juveniles en el Partido Colorado. Votan unos 46.500 jóvenes de entre 14 y 30 años.

El martes 4 el tío del alumno y Squipani, principal de la lista 2009, se reúnen con la adscripta Sánchez y la inspectora zonal Adela Pereira, enviada por las autoridades de Secundaria a investigar el incidente. Sánchez relata el interrogatorio del miércoles 27, que en los hechos corrobora la versión del joven. La inspectora Pereira la interrumpe varias veces para hacerle ver que tiene poca experiencia en el manejo de estos casos, que es una funcionaria joven y que no le corresponde al liceo tomar intervención en esta situación. En la versión que la adscripta da frente al tío del alumno y Squipani, trata de relativizar lo de "dictadura del Frente Amplio". Según la funcionaria, lo que quisieron decir con la subdirectora fue que en la dictadura hubo gente que tuvo problemas por integrar listas de partidos políticos.

La explosiva primicia de "El Observador", publicada el 18 de enero, indica que "en la primera quincena de enero los 25 inspectores del INAU visitaron centenares de locales comerciales y centros nocturnos de la costa uruguaya", agregando que "en unos 50 casos encontraron a menores consumiendo alcohol, que había sido vendido por los comerciantes", y "observaron una disminución de la edad de consumo de alcohol entre los adolescentes".

"Chocolate por la noticia", hubiera dicho el presidente Vázquez.

"Detectar: 1. tr. Descubrir la existencia de algo que no era patente", dice el Diccionario Real Academia Española (22a. Ed.) El vocablo denota un trabajo detectivesco para descubrir algo que no se veía a simple vista. Esa parece haber sido la misión del INAU, ya que su presidente declaró a "El Observador" que el ente "Redistribuyó sus inspectores en los departamentos costeros –desde Colonia a Rocha– a fin de evitar que los comerciantes locales reconocieran a los funcionarios".

Yo, o cualquier otro vecino del Parque Rodó, les podríamos mostrar a los detectives del INAU varios de esos "comercios infractores" acá en la vuelta nomás. Los vecinos del Parque Rodó, o de cualquier otro barrio de Montevideo, hace años que hemos detectado que muchos niños uruguayos toman alcohol, o consumen pasta base, o inhalan pegamento... Y todo ante la vista y prescindencia de los adultos en general y de las autoridades en particular.

Que la directora del Departamento de Espectáculos Públicos del INAU haya dicho que “nunca me había imaginado encontrar a un niño, que se supone está de vacaciones con su familia en una playa, tomando alcohol de esa forma; hay que hacer un fuerte llamado a la responsabilidad de los padres”, es una burla para los contribuyentes que le pagamos el sueldo.

En vez de andar veraneando por "los departamentos costeros", los inspectores del INAU deberían cumplir de una vez la orden judicial de sacar a los niños que piden y viven en la calle, la cual sigue sin cumplirse.

Cuba Libre

Ingredientes

42 ml (1 ½ onza) de ron blanco. Varias gotas de limón. Rodaja de limón. Refresco de cola.

Elaboración

La receta más clásica consiste en poner en un vaso varios cubos de hielo, añadir el ron blanco.

Terminar de completar el vaso con refresco de cola.

Finalmente se añaden unas gotas de limón y se adorna con una rodaja del mismo cítrico.

Variantes del Cubalibre
Cada día se usa más el rom oscuro que el blanco y en vez de limón se utiliza lima.

Curiosidades sobre el Cubalibre
Su origen se cree que se debe que al terminar la Guerra de Cuba entre Estados Unidos y España, en la cual se liberó a Cuba del dominio español, los soldados estadounidenses llevaron Coca-Cola a la isla donde la mezclaron con Ron. Como recién Cuba había sido liberada, llamaron a esta bebida Cuba Libre.

Casi veinte años después que el genio que hoy está en la presidencia convirtiera a Montevideo en una de las ciudades más sucias de la región, dándole patente de corso a carromatos medievales tirados por caballos, dichos carros se enseñorean en la ciudad. Hacen lo que quieren, no respetan las más elementales normas de tránsito, dejan un reguero nauseabundo de basura y bosta a su paso...
Pues bien, ahora le muerden la mano al amo. Efectivamente, días atrás cientos de carros tirados por caballos coparon el centro de la ciudad, haciendo una ruidosa caravana que circundó el Palacio Legislativo, se trasladó por Avenida Libertador y 18 de Julio, y terminó concentrándose en la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo, donde faltó poco para que alguno de esos carromatos ingresara al atrio municipal.

Es que ante tímidas medidas de la IMM para contener la anarquía de los carros basureros, sus propietarios salieron airados a la calle a reclamar la continuación del vale todo, y la no interferencia en su ilegítimo trabajo.
Este es uno de los corolarios más desastrosos de 20 años de partido único en Montevideo.

Parece que la Suprema Corte de Justicia va a declarar inconstitucional el Impuesto a la Renta que grava las jubilaciones y pensiones. Digo "parece" porque, a dos semanas de que se filtrara la noticia en "Búsqueda" de que 3 de los 5 jueces supremos se habían pronunciado a favor de la inconstitucionalidad, todavía se sigue hablando en base a trascendidos. Y estos trascendidos sólo han surgido tras fuertes presiones provenientes de la oposición política que ve que en un par de semanas más cambiará uno de los integrantes de la institución judicial, lo que crearía incertidumbre sobre la firmeza de la actual mayoría.

El pesado, secreto y bizantino proceder de la justicia uruguaya ya ha causado males importantes en el pasado. Basta recordar solamente el enrarecido clima de crispación y enfrentamemiento que se fue amasando mientras se esperaba que la justicia decidiera la extradición de los terroristas etarras en 1994. Demoraron tanto en tomar una decisión que era a todas luces evidente, que cuando finalmente la justicia se expidió una turba de miles de personas intentó impedir la ejecución del fallo, lo cual terminó en los lamentables episodios de las inmediaciones del Hospital Filtro, y en la muerte de un uruguayo.

Ahora está pasando algo distinto pero parecido. Sabiendo los señores jueces que en dos semanas cambiará la composición de la Suprema Corte, y que crecen las suspicacias sobre si la demora podría deberse a ese motivo, aún así la corporación sigue los trámites a gatas sin pronuciarse sobre un tema que es crítico para los uruguayos.

Mientras seguimos en la dulce espera, e ingresamos en las vacaciones santas, el gobierno progresista a través del padre de la criatura, el ministro Astori, ha anunciado en forma arrogante que seguirá la peregrina tesis de que "no será necesario cambiar la ley que creó el IRPF en caso de que la Suprema Corte lo declare inconstitucional, porque el impuesto solo caerá para los que presentaron los recursos", como se informa en la columna de Loreley Nicrosi en "El País" del 14-03-08. "Son recursos individuales, por lo tanto los fallos serán individuales. Si la Suprema Corte entienden que el IRPF a los jubilaciones es inconstitucional, la ley dejará de aplicarse para aquellos que obtengan fallos favorables, para el resto continuará sin variantes", afirmaron fuentes cercanas al ministro de economía a la periodista de "El País". De concretarse esa anomalía estaríamos ingresando de pleno en una dictadura progresista, con total prescindencia de las más elementales normas del derecho universal como la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

"¿De qué forma se le podrá explicar a un jubilado que la Corte declaró la inconstitucionalidad para su vecino, amigo, pariente o ex compañero de trabajo, pero en el propio declaró lo contrario? Es el prestigio de la Suprema Corte de Justicia y del propio Poder Judicial el que está en juego...", se pregunta un articulista de "Correo de los Viernes" del 14-03-08. El artículo agrega con razón evidente que "la Corte históricamente, y también en forma reciente, ha emitido pronunciamientos en el día en el que se formularon. Sin remontarnos mucho en el tiempo, a fines del año pasado, la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el abogado defensor de Gregorio Álvarez fue resuelta en el día, no habiéndose tomado los Ministros los 20 días legales para estudiar el asunto y pronunciarse. De idéntica forma y en el mismo caso se pronunció en el día, cuando el abogado de esa causa interpuso contra el fallo un recurso de aclaración".

Leonardo Guzmán define con meridiana claridad y florida expresión cual es la esencia del problema. En su columna "El IRPF, y el Derecho" publicada en "El País" el 14-03-08, Guzmán establece que "la cuestión no se reduce a más o menos pesos en el bolsillo de jubilados y pensionistas, más o menos éxito de un Ministro candidato (...) Por encima de todo eso, lo que entra en juego es la integridad de la Justicia -cuyos plazos procesales son un máximo indisponible para los Jueces después que plasmaron una convicción, ya que jurisdicción es el poder-deber de juzgar y, además, hacer ejecutar lo juzgado. No perdamos el sentido de grandeza, sin el cual vivimos debajo de nosotros mismos: es cuestión de imperio y majestad del Derecho".

Guzmán agrega que "si, como se anuncia, es declarada la inconstitucionalidad, corresponderá que la ley, con carácter general, derogue el IRPF a las pasividades, siguiendo la línea republicana en que el entonces presidente Lacalle, con Mariano Brito de Ministro, impulsó derogar la ley 16.333 sobre Caja Militar porque en un par de expedientes la SCJ la había juzgado inconstitucional".

En setiembre de 2007 el gobierno progresista envió al Parlamento un proyecto de ley que regula el financiamiento público y privado de los partidos políticos, los obliga a rendir cuentas ante la Corte Electoral y establece la posibilidad de ser denunciados ante la Justicia Penal si se constatan hechos delictivos en la captación de recursos. El proyecto firmado por el presidente Tabaré Vázquez y todos los ministros, premia con dinero extra la participación de mujeres en las listas, asegura la igualdad de oportunidades en el acceso a publicidad en los medios de comunicación y establece un aporte anual del Estado para el funcionamiento de los partidos.

No se sabe mucho sobre el trámite parlamentario de este proyecto, más allá de ciertos descuerdos entre el oficialismo y la oposición. De ser aprobada, esta ley obligará a que cada candidato a la Presidencia designe un Comité de Campaña integrado por tres personas. Este Comité deberá llevar registros contables de todas las contribuciones y donaciones recibidas, sean del Estado o de privados, y de todos los gastos que realizó en la campaña electoral. Esta información deberá ser enviada a la Corte Electoral y auditada por el Tribunal de Cuentas. Los informes serán públicos y podrán ser consultados por cualquier persona. El partido que no cumpla con este requisito será multado con 20.000 unidades indexadas. “Si al cabo de las auditorías, la Corte Electoral entendiere que existen indicios de hechos delictivos, procederá a informar a la Justicia Penal”, dice el proyecto de ley.

El Estado (o sea, todos nosotros) pagará a cada partido 87 unidades indexadas ($ 137) por cada voto válido recibido en las elecciones nacionales y 13 unidades indexadas ($ 22) en las municipales. Los partidos recibirán un 15% extra por cada voto ($ 20 más en las nacionales y $ 3 más en las municipales) si las listas tienen al menos una mujer cada dos hombres en toda la plancha, o al menos en los primeros 30 lugares.

Los partidos podrán recibir por cada sector y por cada empresa privada o particular, un máximo de 200.000 unidades indexadas. Si el particular donante es candidato a un cargo electivo del partido, podrá triplicar el monto. Se prohíben donaciones anónimas mayores a $ 6.845, las que provengan de organizaciones delictivas, las contribuciones de empresas concesionarias del Estado, de gobiernos o entidades extranjeras y de personas públicas no estatales.

Si se aprueba la ley presentada por el gobierno, el Estado (nosotros) otorgará a todos los partidos políticos con representación parlamentaria una “partida anual” de 4 unidades indexadas (hoy $ 6.8) “por cada voto obtenido en la última elección”. Este aporte, para el funcionamiento cotidiano de los partidos, se hará a través del Poder Legislativo en “doce cuotas mensuales, iguales y consecutivas”. Este gasto en el que incurrirá el Estado será financiado con cargo a Rentas Generales, estima el proyecto oficial.

Según el proyecto, los medios de comunicación deberán ceder en forma gratuita espacios diarios a cada colectividad política durante las campañas electorales. Adicionalmente, cuando haya balotaje, cada candidato presidencial contará con 150 minutos de espacios gratuitos en cada medio de difusión. Las disposiciones comprenden a los canales de televisión privados y aquellos que retransmitan su señal, y a las radioemisoras privadas y sus repetidoras. La distribución se plantea en base a un doble criterio. Por un lado considerando los votos obtenidos en las elecciones internas, y por otro en función de los votos de la elección anterior. Así, de acuerdo con esta idea al Frente Amplio le correspondería media hora, al Partido Nacional unos 20 minutos, y para el resto quedaban diez minutos, de los cuales el Partido Colorado obtendría entre seis y siete, dejando para el resto muy poco tiempo.

La financiación de los partidos políticos es un tema importante al que todavía no se le ha encontrado una solución perfecta en ningún lado. El proyecto progresista recoge algunos lineamientos utilizados a nivel internacional, que buscan la transparecia en la recepción y declaración de las donaciones que reciben los partidos, por se excede al pretender regular y restringir la libertad de expresión y la publicidad en los medios de comunicación.

En definitiva, los partidos políticos son asociaciones privadas que deberían autoregularse y ser sometidas a las normas constitucionales y legales como sucede con cualquier otra organización privada. Lamentablemente, el pesado dirigismo progresista piensa distinto en este tema y el proyecto de ley que comentamos hoy incluye una miríada de normas intervencionistas, algunas de las cuales comentamos más arriba, que seguramente serán más perjudiciales que beneficiosas.

¿Y las valijas venezolanas?

Sería bueno que el oficialismo progresista explicara si el proyecto ha recogido la reciente experiencia argentina con el tráfico de valijas bolivarianas repletas de dólares para financiar la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, y cómo la norma proyectada impedirá que esta actividad delictiva ocurra en el próximo proceso electoral del Uruguay.

Parece ser ésta una preocupación legítima ya que Chávez ha financiado, y financia, a movimientos, partidos y candidatos afines en muchos países del continente. En este mismo momento, Chávez tiene al Uruguay al tope de la lista de países latinoamericanos que reciben sus petrodólares. Si enmarcamos en esta tendencia la extraordinaria afinidad que existe entre el mandamás bolivariano y el oficialismo progresista, la preocupación sube al nivel de alarma.

Si el espíritu y el objetivo del proyecto de ley del gobierno frentista es combatir e impedir que la corrupción chavista financie ilegalmente a un candidato a la presidencia en Uruguay, entonces lo apoyamos calurosamente y creemos que la oposición debería votarlo. Es más, hasta estaríamos dispuestos a aceptar toda esa andanada de dirigismo perturbador e inútil que se incluye en el proyecto, con tal de que se impida en forma efectiva que Chávez se entrometa en la política del Uruguay con dinero sucio.

Artículo 72.- La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno.

El miércoles 26 de marzo Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró que el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las pasividades es violatorio de los artículos 8, 67 y 72 de la Constitución. Se trata de la primera sentencia sobre el asunto, y refiere a un reclamo que en agosto de 2007 presentaron cuatro jubiladas y una pensionista de Rocha, según informó "Búsqueda" del 27 de marzo.

Los ministros que votaron a favor de la declaración de inconstitucionalidad alegaron que el impuesto viola el principio de igualdad y que las reclamantes no tienen ingresos que puedan ser considerados rentas, porque estando inactivo "no puede generarse renta".

La recaudación anual del IRPF a las pasividades ronda los U$S 85 millones, lo que equivale al 15% de todo lo recaudado por ese tributo, y a un punto del IVA, según "Búsqueda".

"El berenjenal que se armó con el IRPF a los jubilados está permitiendo ver… ¡cada cosa! Uno de los que quedó expuesto es el sistema de Justicia: puede pasar que para algunos jubilados el impuesto sea inconstitucional, pero para otros no, porque va a cambiar la integración de la Corte y con ese cambio el IRPF se convierte... abracadabra, ¡en constitucional! ¿Parece absurdo? Así funciona. Es probable que a algunos jubilados le devuelvan lo que les cobraron, y a otros, la mayoría, no. Todos somos iguales ante la ley, no ante el sistema de Justicia y sus laberintos. Pero una cosa es que se sepa y otra que quede expuesto de manera burda. Un ministro de la Corte acusó a otros de haber dormido las sentencias, supuestamente a la espera de que cambie la integración del organismo. ¡Qué confianza entre colegas! El sistema político tampoco mostró su mejor cara. Enojado por la decisión de la Justicia, Fernández Huidobro acusó a uno de los ministros de la Corte de haber filtrado los fallos a la prensa. No mostró pruebas para su acusación pero, ¿para qué? Otro tupamaro, José Mujica, hizo descender el debate hacia el nivel de las tatuceras. Mujica aprovechó el acto del Frente para decir que mientras que a él la gente lo saludaba por la calle, a los jueces no. ¿Se imaginan jueces así de demagogos? Pero claro, hasta los pozos pueden tener zócalos, y el Partido Socialista, en actitud propia de su histórico brillo, apuntó contra la ministra de la Corte, Sara Bossio; se los traduzco: sugirió que Bossio votó contra el impuesto porque se va a jubilar, así se salva de pagarlo. Una verdadera filigrana ideológica".

Transcripción parcial de "El sistema en la cornisa de los zócalos" por Gabriel Pereyra. "El Observador", 29-03-2008

"El problema más grave es, a nuestro juicio, la reacción que han tenido algunos sectores importantes del Frente Amplio" (ante la confirmación del fallo de la Suprema Corte de Justicia declarando la inconstitucionalidad del IRPF a las pasividades). "En cinco días dos de los tres Ministros de la Suprema Corte fueron atacados y agraviados por representantes del partido de gobierno expresándose a través de amenazas deplorables que debemos condenar".

"Por un lado, el Partido Socialista la emprendió contra la Ministra Sara Bossio, sosteniendo la extravagante tesis de que debido a que estaba próxima a jubilarse no debería haberse expedido sobre este tema. Posición insólita, que no resiste un mínimo análisis de seriedad y coherencia, pero que expresa un reflejo muy grave de intolerancia y autoritarismo. En definitiva, si alguien piensa diferente hay que perseguirlo, amenazarlo o descalificarlo".

"Dos o tres días después, el Senador Fernández Huidobro no se quedó atrás, anunciando que estaban estudiando la posibilidad de iniciar un juicio político al Ministro Rodríguez Caorsi porque lo acusaban de haber filtrado el contenido del fallo a la prensa. Nueva amenaza y presión, agraviando la moral del Ministro referido".

"Para completar la escena debemos recordar la reacción destemplada del Ministro de Economía al conocer el dictamen del Fiscal de Corte en este tema que sostenía, al igual que ahora la mayoría de la Corte, la tesis de la inconstitucionalidad. El Cr. Astori acusó al Fiscal de Corte de ignorante en estos temas y de no poseer idoneidad técnica para opinar fundadamente sobre este asunto. Incluso no faltó algún diputado oficialista que sostuviera, en aquel momento también, que habría que investigar al Fiscal porque quizás podría ser objeto de sanción".

"El problema más grave que deja al desnudo este episodio es la forma en que los diferentes sectores del Frente Amplio reaccionan cuando las circunstancias se vuelven adversas. La intolerancia, el autoritarismo, la descalificación, el agravio y, más grave aun, la amenaza de buscar represalias y sanciones haciendo uso o abuso del poder que se tiene, se convierten en la forma de responder a las malas noticias".

"Nos preocupan mucho estas actitudes porque demuestran el poco apego de muchos en el Frente Amplio con respecto a la institucionalidad y las reglas de juego de un sistema democrático".

"Nos preocupan estas actitudes, además, porque estamos acercándonos al período electoral en el que el partido de gobierno deberá enfrentar el riesgo cierto y notorio de perder el poder como resultado del veredicto ciudadano o, en todo caso, se enfrentará a la certeza de que las mayorías omnímodas de las que hoy dispone, dejarán de estar presentes".

"Esas serán circunstancias mucho más adversas y duras que el referido fallo de la Suprema Corte, ¿cuáles serán entonces las respuestas que surgirán de las tiendas oficialistas? ¿qué agravios, amenazas o abusos de poder podremos esperar desde diferentes sectores del Frente Amplio si el decurso de la campaña electoral indica, como la sentencia de hoy, que las cosas no van bien para el partido de gobierno? Esto es lo que más nos preocupa".

Extractado del artículo "Lo que más nos preocupa" por Pablo Mieres. "El Observador", 01-04-2008. La negrita la agregamos nosotros.

El presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, expresó este lunes que el gobierno va a cumplir con lo que establece la ley, en referencia al segundo fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia que declara inconstitucional la aplicación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en las pasividades. Una afirmación curiosa sin duda ya que lo que está obligado a hacer el gobierno en esta situación concreta es cumplir con el fallo de la Suprema Corte y derogar el IRPF a las pasividades.

Vázquez cree que hay una "campaña" que ha "dramatizado" esta situación. "Parece que este gobierno lo que busca es perjudicar a los jubilados y a los pensionistas y a los trabajadores, generalizando una situación de unos pocos que tiene muy buenos salarios, muy buenas jubilaciones y muy buenas pensiones. Y que es justo, desde nuestro punto de vista, que se les cobre un impuesto superior", manifestó. Lamentablemente, otra vez el presidente luce perseguido en vez de asumir la responsabilidad que a él solo le cabe. Parece decirnos, además, que se puede violar la constitución en el caso de "unos pocos que tiene muy buenos salarios, muy buenas jubilaciones y muy buenas pensiones". Estamos casi como en las épocas de la dictadura.

Esperarán otros fallos

Haciéndose eco en lo que viene declarando estos días el ministro Astori, el presidente agregó que "como gobierno vamos a esperar qué es lo que pasa con las próximas sentencias..." ¿Para qué?, preguntamos nosotros. ¿De qué serviría esperar que la Suprema Corte emita fallos sobre la misma cuestión? Si ya se ha pronunciado con meriana claridad en fallos que afectan a miles de pasivos.

En vez de justicia, justicia social

Vázquez apeló al "espíritu solidario" de los damnificados. ¡Qué simpático que es el presidente! Se ve que es re-solidario. Al menos, mucho más solidario que ciertos pasivos. Quiere que los pasivos que fueron atropellados en sus derechos constitucionales entiendan que el gobierno "quiere utilizar las herramientas que tiene para distribuir la riqueza de una manera más justa". O sea que es Tabaré Vázquez quien quiere impartir justicia, y los pasivos son sus "herramientas". (Se siente el castañeteo de rodillas temblando)

El presidente también dijo que en el país más del 60% de los trabajadores no paga IRP ni IRPF y que más del 80% de los jubilados no paga ambos impuestos. En este caso, les confieso, no veo que tienen que ver estas declaraciones con el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Seguramente debe haber habido un error periodístico, una declaración tomada "fuera de contexto", o una campaña de los medios de comunicación "de la derecha".

"Se podría decir que la ocupación que hizo el PIT-CNT en Dancotex durante catorce meses (con gran apoyo o al menos connivencia del Gobierno), ha sido una ocupación “exitosa”.

Hoy se nos presenta una clara alternativa: respaldar a los emprendedores o amparar a los depredadores. Los segundos ya sabemos donde encontrarlos. Pero los emprendedores, ¿a dónde se marcharán?"

"Dancotex, ocupación… ¿y después?", por Guillermo G. Sicardi. 09 Apr 2008

En octubre de 2007, el ministro de Economía Danilo Astori descalificó un dictamen en favor de la inconstitucionalidad emitido por el Fiscal de Corte, Rafael Ubiría, a quién calificó de "desubicado" y "desviado de su objetivo".

En noviembre de 2007, Astori volvió a la carga declarando a "Búsqueda" que una eventual inconstitucionalidad del IRPF "no tira abajo" la reforma, señalando además, que esperaba una decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) "coherente" con un fallo de la corporación que en 1999 declaró constitucional el Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP). La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) declaró entonces que Astori realizaba una "indisimulada presión" sobre la Justicia , que evidenciaba que "no le importa o no se cuida de preservar la independencia del Poder Judicial".

A partir del 28 de febrero de 2008, cuando "Búsqueda" informara que había una mayoría en la SCJ que declararía inconstitucional el IRPF a las pasividades, hubo una oleada de críticas a la "filtración" de la noticia y de cuestionamientos a los tres magistrados que conformaron esa mayoría. Incluso algunos legisladores anunciaron que tenían la intención de impulsar un juicio político a la Corte, instancia prevista sólo en caso de "violación de la Constitución" u "otros delitos graves".

El 24 de marzo, dos días antes que se emitiera la primera sentencia, el Partido Socialista anunció que le pediría a "destacados juristas" un informe sobre la "pertinencia" de que "algunos jueces soliciten abstenerse de dar su punto de vista cuando un fallo pueda comprender al magistrado", para que la dicisión de la Corte fuera "transparente". Sin nombrarla explícitamente, la declaración dirigió sus dardos hacia la ministra Sara Bossio, que el 7 de abril cesó al cumplir 70 años de edad. Coincidentemente con el Partido Socialista, la Mesa Política del Frente Amplio consideró que existió una campaña de los partidos tradicionales y de "los grandes medios de comunicación" contra el IRPF.

El 28 de marzo, Mujica criticó el fallo de la SCJ porque "favorece a los viejos platudos" y perjudica a los jubilados más pobres.

El 1º de abril el presidente de la república, Tabaré Vázquez, advirtió públicamente que "un grupo de pasivos" no puede "condicionar" la aplicación de la reforma tributaria.

El 8 de abril Mujica volvió a la carga: "Sé que a los señores jueces hay que dejarlos tranquilos, pero también hay que pedirles a los señores jueces que nos dejen tranquilos, que no se metan a gobernar; que no están para gobernar ". Consultada sobre las expresiones de Mujica, la presidenta de la AMU, Anabella Damasco, señaló que es la Constitución la que establece que los jueces son parte del gobierno.

Luego de 15 fallos en los cuales la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró - por tres votos contra dos - la inconstitucionalidad del IRPF a las pasividades, el gobierno sigue sin reconocer dichos fallos y se propone esperar la nueva integración del organismo, con la esperanza de que quien o quienes sustituyan a la ministra Sara Bossio (jubilada al cumplir 70 años el lunes 7), inclinen la balanza a su favor, según "Búsqueda" del 10-04-2008.

Mientras tanto, figuras del gobierno y del Frente Amplio siguen atacando a diario al Poder Judicial. En algunos casos, la patota oficialista usa la táctica del "policía malo/policía bueno", esa que se ve a menudo en las películas donde el policía malo amenaza, grita y golpea al sospechoso para que confiese, y a su turno el policía bueno le habla con amabilidad, le ofrece un cigarrillo o una taza de café, le asegura que se sentirá mucho mejor después de confesar. Tal es el caso del diputado Victor Semproni del MPP (¿se acuerdan?, el que dijo una vez que en el Uruguay "las organizaciones guerrilleras que operaron en este país, todas sin excepción, no realizaron ninguna acción terrorista") quien había propuesto llamar al presidente de la SCJ, Jorge Ruibal, a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, para que informara sobre las filtraciones a la prensa de los fallos de la SCJ sobre el IRPF. Luego que el diputado herrerista Pablo Abdala cuestionara tal iniciativa por "inconstitucional", la bancada del Frente Amplio desautorizó a Semproni.

Pero en otros casos, diversos patovicas oficialistas salen al ruedo a provocar e insultar. Las siguientes frases de Esteban Pérez, diputado y miembro de la conducción del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T)., en declaraciones a "Búsqueda" del 10-04-2008, son diáfanas:

"Parece que los magistrados se olvidan de quién vota y quién asigna cada peso que ellos gastan en el supuesto intento de impartir justicia".

"Está claro que además se juntan (los miembros de la SCJ) y que terminan siendo funcionales al imperialismo, ya que si hay algo que no quiere es que haya redistribución de la riqueza. El imperio quiere ricos más ricos y pobres más pobres, y después ellos aparecen como salvadores. Bueno, en esa línea la SCJ les hace, y con mucho gusto se ve, el juego. Sería bueno que algún miembro de la SCJ venga a Toledo a conocer cómo viven algunos soldados con jubilaciones de $4.000 o menos".

Hasta el momento de escribir esta nota, nadie en el gobierno progresista o en el Frente Amplio desautorizó al diputado Pérez en relación a estos dichos.

Adrienne Yerdon ("Hitler's Successful Rise to Power and its Effects on the German Judiciary", Ithaca College History Journal, Fall 2003.) sostiene que "la creación institucional más infame (del régimen nazi) fue establecida el 24 de abril de 1934 y se llamó la Corte del Pueblo. Esta institución fue ideada para sustituir a la Suprema Corte de Justicia, como primer y último recursos en los juicios por traición. Cada audiencia era presidida por cinco miembros, cada uno nombrado por Hitler por cinco años. La Corte del Pueblo, apoyada burdamente en procedimientos políticos más que jurídicos, buscaba eliminar a la oposición al Nacional Socialismo. En 1941 la Corte del Pueblo condenó a muerte al diez por ciento de los acusados, llegando al cuarenta por ciento entre 1942 y 1944, completando unas 12.891 sentencias de muerte."

Las coincidencias entre Uruguay, 10 de abril de 2008 y Alemania, 24 de abril de 1934 meten miedo.

"El presidente dijo que respeta la independencia del Poder Judicial, pero no es así, el gobierno en su conjunto ha atacado duramente la independencia del Poder Judicial y está esperando que cambie la integración de la Corte para ver si obliga a que un nuevo ministro de Corte vote a favor del gobierno o a favor de la constitucionalidad del impuesto, para no tener que derogarlo en su conjunto. Lo que hicieron el gobierno, el partido de gobierno, el senador Mujica, el senador Fernández Huidobro, el diputado Esteban Pérez ha sido un atropello nunca visto a la independencia del Poder Judicial". Luis Hierro López, prosecretario en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado. "El Espectador", 17.04.2008.

"El Representante Nacional Esteban Pérez ha violado sin lugar a duda la Constitución: ha negado la separación de los Poderes del Estado, ha sostenido públicamente que el Poder Judicial está subordinado al Legislativo y ha presionado a los magistrados que integran aquel Poder para forzarles determinadas decisiones, entre otras cosas que veremos. Es imperativo que, sin demora, se le abra un juicio político para destituirlo. Si la mayoría del FA obstruyese ese resultado, lo que numéricamente podría hacer, la responsabilidad recaerá sobre todo el FA. Entonces se sabrá internacionalmente que hemos sufrido un golpe de Estado. El mundo sabrá que habremos dejado de ser un Estado de Derecho. Pero igualmente ha de saberse que se está haciendo todo lo posible para volver a serlo. No debemos demorar la respuesta de la Libertad y la Ley. ¡Es urgente!". Ramón Díaz. "El Observador", 19-04-2007.

Dos informantes aseguraron a "Búsqueda" que el vicepresidente Nin Novoa pudo destrabar el embargo en su contra en virtud de una "importante quita" que le concedió la institución bancaria del Estado.

Cuando asumió como vicepresidente de la República el 1º de marzo de 2005, Nin Novoa estaba embargado. Contrajo un deuda en 1991, cuando era intendente de Cerro Largo por el Partido Nacional, en virtud de un préstamo para la "financiación de vientres bobinos".

Entre la fecha en que consiguió el préstamo y los casi 14 años siguientes hasta mayo de 2005, cuando ya ejercía como vicepresidente, el jerarca no había saldado su deuda. El 15 de agosto de 1991 el BROU le prestó a Nin Novoa N$ 24.284 que entonces equivalían a U$S 11.520.

Como en marzo de 1995 Nin Novoa seguía sin pagar y debía entre el capital original y los intereses $121.656, equivalentes a U$S 20.655, el BROU le inició un juicio ejecutivo. En mayo de ese año, el juzgado interviniente resolvió trabarle a Nin Novoa un embargo en "créditos, derechos y acciones". El político ya había participado en su primera elección como candidato por el Ecuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA).

Cinco años después, en agosto de 2000, Nin Novoa seguía sin amortizar su deuda y el embargo había caducado, por lo que el BROU volvió a solicitar se trabara embargo sobre Nin Novoa por un monto de $1.669.840, equivalentes a U$S 136.336, suma de la deuda más intereses y recargos. El 9 de agosto de 2000 el embargo se hizo efectivo.

El 15 de febrero de 2005 Nin Novoa asumió nuevamente como senador, y el 1º de marzo siguiente como vicepresidente de la República. Ese día Nin Novoa continuaba embargado.

Poco más de dos meses luego que Nin Novoa asumiera como vicepresidente, el Juzgado Letrado de primera instancia de Cerro Largo de tercer turno recibió un escrito del BROU en el que se solicitaba el "levantamiento de embargo y archivo" del caso contra el vicepresidente. El escrito del BROU declaraba que "en la fecha el señor Rodolfo Gustavo Nin Novoa ha cancelado en su totalidad la deuda que mantenía con el BROU".

Unos cuatro meses después de haber levantado el embargo en su contra, el vicepresidente inició, junto a dos de sus hermanos, los trámites - también ante el BROU - para comprar una estancia de 437 hectáreas en Cerro Largo. De acuerdo a fuentes de "Búsqueda", las primeras gestiones para la compra del campo se hicieron desde la propia oficina del vicepresidente en el Palacio Legislativo.

La compra del campo fue muy ventajosa ya que estaba embargado por deudas de su anterior dueño y formaba parte del fideicomiso que había creado el BROU a comienzos de 2004 con carteras de deudores. La transacción se firmó a comienzos de 2006 y, según "Búsqueda", Rodolfo Nin Novoa no figura en el contrato, sino el de su hermano Fernando. De todos modos, la propiedad del campo fue compartida en tercios entre el vicepresidente y sus hermanos Álvaro y Fernando. Según distintas fuentes de "Búsqueda", el campo fue comprado por unos U$S 160.000, un precio similar a la mitad del valor de mercado, o U$S 366 por hectárea. En 2006 el precio promedio de la hectárea en Cerro Largo fue de U$S 858. Hoy, el valor de la hectárea en esa zona es de unos U$S 1.500, con lo cual el campo de Nin Novoa vale unos U$S 650.000.

Elegido el nuevo ministro de la Corte, Jorge Larrieux, tras una sorpresiva marcha atrás del progresismo que promovía otro candidato, se reanudó la campaña de insultos y amenazas contra la Suprema Corte de Justicia.

El senador tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, en diferentes medios de comunicación, acusó de mentiroso al ministro Hipólito Rodríguez Caorsi, por haber dicho que hubo ministros de la Corte que demoraron los expedientes sobre las acciones de inconstitucionalidad contra el IRPF a las pasividades.

Huidobro publicó una contratapa en "La República", en la que afirmó que "la Corte sintió la presión y se dejó presionar. Cobró al grito, con el resultado conocido", en los expedientes sobre el IRPF.

Fernández Huidobro dijo a radio Carve que puede "recusar" la "actuación futura" de Rodríguez Caorsi en el caso de los expedientes sobre IRPF, "pedir un recurso de reposición acerca de lo que ya ha decidido, o una denuncia penal ante cualquier juzgado. Todo depende de la investigación que está haciendo la Suprema Corte de Justicia".

"A esta altura, es imposible saber qué expedientes `vio` Rodríguez Caorsi (alegó eso para poder mentir públicamente). `Lo realmente grave` (para usar sus palabras), es eso: que afirme por radio haber visto cómo colegas suyos incumplieron plazos y que sus colegas, actuando como cuerpo informen oficialmente que no se incumplieron plazos... Para colmo de los colmos: por unanimidad. O sea: con su voto. Esto ya es para los médicos", diagnosticó el senador tupamaro.

Amplia experiencia en amenazas y atentados a la justicia

Los tupamaros nunca creyeron en la justicia, siempre la consideraron una institución burguesa, y no dudaron en atentar contra ella cuando los jueces actuaban contra sus múltiples delitos. En un artículo de Cesar Di Candia publicado en "El País" el 16 de julio de 2005, queda patente a los extremos espeluznantes que llegaron los tupamaros. Entre los 19 secuestrados en poder de los terroristas a mediados de 1972, estaban el juez Daniel Pereyra Manelli y el fiscal de gobierno Guido Berro Oribe, quienes tenían en ese momento fuerte protagonismo en la lucha contra la sedición:

"El 27 de mayo de 1972, la lista de secuestrados por el MLN llegaba a las 19 personas. El primero había sido el doctor Ulysses Pereira Reverbel, tres años antes. A su captura habían seguido en orden cronológico, la de Gaetano Pellegrini Giampietro, directivo de un banco de plaza y copropietario de la empresa Seusa que en ese momento editaba dos diarios, la del magistrado Daniel Pereyra Manelli, la del asesor de la policía Dan Mitrione (el único asesinado posteriormente), la del técnico estadounidense Claude Fly, la del cónsul de Brasil Aloysio Días Gomide, la del embajador inglés Geoffrey Jackson, la del fiscal de gobierno Guido Berro Oribe, la segunda del propio Pereira Reverbel, la del ex ministro de Ganadería Carlos Frick Davies, la del industrial Jorge Berembau, la del abogado Alfredo Cambón, la del doctor Carlos Maeso, la del industrial Luis Fernández Lladó, la del redactor responsable del diario El Día José Pereyra González, la de Homero Fariña, quien ocupaba el mismo cargo en el diario Acción, la del fotógrafo Nelson Bardesio, la del diputado Héctor Gutiérrez Ruiz y la del industrial Sergio Molaguero".

Frente a esos malos uruguayos está el gobierno progresista enarbolando altos "valores y principios" de "solidaridad" en general y de "solidaridad intergeneracional" en particular, y de "equidad"

El presidente nos enseña que "los cambios, cuando son auténticos" (como los del gobierno de él), "expresan valores y principios"."“Que pague más quien tiene más y menos quien tiene menos”, no es una frase hueca" insiste el presidente ante la duda generalizada. Y para que esa frase no tenga fama de hueca es necesaria la "solidaridad". Porque "los gobiernos deben promover el bienestar de la gente y la solidaridad intergeneracional" pluraliza el presidente. Como buen médico que es, el presidente nos advierte que es "sano saber que ese bienestar no es un acto de magia y que la solidaridad, cuando trasciende lo declarativo, necesita recursos financieros. La solidaridad cuesta".

Es curioso. Yo personalmente pensaba que lo que cuesta es sólo lo que uno tiene que comprar. La solidaridad - pensaba - es un sentimiento altruista, individual e incontrolable que no mide costos. Sin embargo, la definición del término "solidaridad" en el diccionario de la Real Academia combina mejor con lo que nos dice el Presidente. La Real Academia dice que "solidaridad" es la "adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros".

O sea que el presidente nos está pidiendo que seamos "solidarios" con la causa o la empresa de él, que es la de recaudar todo lo que se pueda para financiar un aumento desbocado del gasto público para conseguir "el bienestar de la gente", o para financiar el año electoral y la perpetuación en el poder, según el cristal con que se mire.

Todo esto surge de la primera nota editorial de la presidencia que apareció el pasado 25 de abril en la nueva sección  "Presidencia Opina" de su sitio web .

Como decía Ayn Rand, "el hombre que te habla de sacrificio, habla de esclavos y amos, e intenta ser el amo".

Cerca de la puerta del edificio de la Suprema Corte se agruparon los dirigentes que luego ingresaron al edficio y entregaron un documento a uno de los ministros. Los focos de las cámaras de televisión iluminaban la escena que de otro modo hubiera quedado perdida en la penumbra. Los participantes del acto aplaudieron la entrada y la salida de los dirigentes, acompañando con algunos cánticos como "¡Uruguay... Uruguay!". En menos de una hora todo había terminado, quedando en el lugar los marginales de costumbre.

Me resultó desolador ver una reacción opositora tan anémica ante la escalada brutal de atropellos contra la justicia. Aunque las circunstancias poco tienen que ver, el solitario acto de anoche me hizo acordar a la convocatoria del presidente Bordaberry a la Plaza Independencia para defender las instituciones en la noche del 8 de febrero de 1973.

La apatía es grande y generalizada, y las ideas claras y firmes no sobran. Lo que me quedó claro anoche es que la oposición tendrá que remar mucho y duro para llegar a buen puerto. Ojalá asi sea.

... y constitucional, al mismo tiempo. Es que con su nueva integración, la Suprema Corte de Justicia resolvió el miércoles de noche, con los votos conformes de tres de sus miembros, que cuatro acciones de inconstitucionalidad del IRPF a los jubilados debían contestarse negativamente, avalando ahora la constitucionalidad del impuesto. El Ministro recientemente designado, Dr. Jorge Larrieux votó a favor de la constitucionalidad, variando por lo tanto el criterio del Cuerpo, que con su anterior integración había formado una mayoría que entendió que el impuesto es inconstitucional.

Sin embargo, el nuevo fallo de la Suprema Corte no anula su fallo anterior. Por lo tanto, el IRPF a las pasividades sigue siendo inconstitucional y el gobierno debería derogarlo de inmediato ya que de lo contrario seguirá violando la Constitución, y se expondrá a nuevas demandas de los ciudadanos perjudicados.

Con relación a los fallos de la SCJ sobre el IRPF a las pasividades, uno declarándolo inconstitucional y otro, algunas semanas después, declarándolo constitucional, sólo cabe decir que son rarísimos o -para usar un anglicismo sin sentido pero de moda- bizarros. Probablemente merezcan entrar en el libro Guinness de los records mundiales, al igual que el asado que hicieron en el Prado recientemente.

Finalmente, para mantener al gobierno alejado del bolsillo de los pasivos sólo cabe juntar firmas para reformar la Constitución en ese sentido.

"Colorados y blancos cayeron como angelitos" tituló el domingo 4 de mayo el matutino oficialista "La República" un artículo en el que parece insinuar que el gobierno y los legisladores del Frente Amplio sabían de antemano como votaría el ministro Jorge Larrieux en relación al IRPF a las pasividades.

Usando una jerga de crónica deportiva, el artículo de "La República" lucía un colgado que decía: "Entraron. La oposición creyó que Larrieux era de ellos, porque el FA no lo propuso en un comienzo". El artículo continuó diciendo que "los blancos se comieron el amague. El FA dio la señal de que votaba a Mariela Sassón y el Partido Nacional propuso a Jorge Larrieux, como quinto miembro de la Suprema Corte de Justicia. Días después los legisladores frenteamplistas pegaron un viraje drástico y votaron a Larrieux".

Siga el baile, siga el baile... al compás del tamboriiil...

En un reportaje publicado el 28 de abril en el suplemento "Economía y Mercado" del diario "El País", el Dr. Ignacio de Posadas evaluó la situación de la economía, la educación y la justicia en Uruguay, en los siguientes términos:

Economía

"...el gobierno del Frente Amplio ha seguido políticas procíclicas, con lo cual los futuros aterrizajes pueden ser muy dolorosos. Sin embargo, no vislumbro una crisis local, aunque sí es predecible una desaceleración de la actividad económica. Es lamentable que, cuando el viento empiece a soplar en contra, las autoridades van a darse cuenta que los viejos problemas de la economía uruguaya permanecen intactos y sin duda van a volver a pesar negativamente".

"Ese proyecto de ley (Rendición de Cuentas) va a ser aprobado en un contexto de hechos o, por lo menos de dichos, alarmantes. Desde comienzos del actual período de gobierno hasta mediados del año pasado, el ministro de Economía y Finanzas venía manteniendo una posición muy firme -como tiene que ser la del titular de esa cartera- en materia de control del gasto del Estado. En los últimos meses, sin embargo, está dando señales de otro tipo, que son más de política electoral que de política de gobierno, al utilizar algunos eufemismos como "ahora hay espacios fiscales que se podrán llenar", es decir que hay plata para gastar. Ante esos anuncios, buena parte del Uruguay corporativo ha salido a la calle a presionar al gobierno demandando mayores recursos, lo cual no deja de ser preocupante".

"La globalización significa que hay millones de agentes económicos que disponen de la información y la capacidad de decidir dónde compran, dónde invierten y hasta dónde viven. Al mismo tiempo, hay cientos de agentes económicos que producen y ofrecen los mismos productos que Uruguay. Si nosotros no tenemos un mayor grado de flexibilidad, de competitividad, de apertura comercial y de certeza jurídica, esa gente va a comprar en otros mercados, va a invertir en otros países y los propios uruguayos se van a ir a vivir a otra parte".

-"...aún dentro del Mercosur, Uruguay tiene que inventar todos los caminos posibles tendientes a flexibilizar el corsé que le impone el Tratado de Asunción para firmar acuerdos extrarregionales. Lo hizo exitosamente con México, pero perdió la chance con Estados Unidos. No obstante, se debe proseguir en esa línea, sin estridencias. La diplomacia consiste muchas veces en hacer lo que no se dice y en no decir lo que se va a hacer. Un país con las dimensiones de Uruguay no puede andar a golpes de declaraciones, tiene que transitar los caminos calladamente, aunque no le resulte fácil".

Educación

"Si bien es cierto que las remuneraciones (de los docentes) no son buenas, situación que siempre existió, me atrevo a decir que los resultados no mejorarán sostenidamente con un presupuesto para la educación equivalente al 4,5% del PIB. Además, es falso que sólo aumentando los salarios docentes se va a mejorar la calidad de la enseñanza, porque el sistema educativo uruguayo recibe hoy mucho más de lo que se le asignaba hace dos décadas y, probablemente, esté peor. Actualmente, la palabra "excelencia" ha desaparecido del vocabulario educativo local. Si se escuchan las declaraciones de los integrantes del Codicen, de las gremiales de maestros y profesores, no existe la excelencia: ni como meta educativa, ni como ambición del docente. El sistema tal como está diseñado conspira contra ese ideal porque su objetivo es nivelar hacia abajo y desestimular al que sobresale".

"En la actualidad, no hay ningún estímulo para mejorar la calidad de la enseñanza. Una de las medidas que habría que adoptar en forma inmediata y que no requiere de grandes inversiones es hacer públicos los resultados de los pasajes de grado de los estudiantes. El sistema educativo exige que le voten más fondos, pero no sólo no rinde cuentas de los fondos que recibe, sino que no informa cómo se emplea ese dinero, ni qué resultados se obtienen. Por lo tanto, no se pueden hacer comparaciones con otros países y otras épocas".

"Un uso más eficiente de los recursos del Estado sería becar a un número considerable de alumnos de hogares de bajos ingresos en colegios privados que imparten una enseñanza basada en sistemas de otros países, cuyos niveles de aprendizaje son muy superiores a los de nuestra educación pública. La sociedad va a lograr mejores retornos que seguir tirando sus recursos a un barril sin fondo que alimenta a una caja negra de donde nadie sabe qué resultados se obtienen".

"Nuestro país ha perdido una de sus mejores características que era el alto nivel cultural de su población. La autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ha dado muy malos resultados. Quizás el razonamiento original era que le permitía librarse de los avatares políticos, pero no hay arbitrariedades de las que hoy no se sepa y se hagan eco los medios periodísticos y, además, existen mecanismos democráticos de protección del sistema. En cambio, la autonomía produce una especie de baronías feudales que no rinden cuentas de sus decisiones. Los integrantes del Codicen, que son designados por un período de cinco años, tienen la competencia de imaginar qué van a necesitar los educandos uruguayos dentro de cuarenta o cincuenta años. Nadie tiene, y menos hoy día, esa información. Hay que permitir el funcionamiento de distintas opciones y ver qué resultados producen. Es mucho menos malo un sistema en el que el jerarca, o sea el ministro de Educación, tiene que rendirle cuentas al Parlamento".

"Tengo un gran temor de que los proyectos de reforma de la educación, de los cuales se ha venido hablando largo y tendido en los últimos tiempos, terminen siendo una lápida para la decaída enseñanza en Uruguay, donde tanto pesa el corporativismo. La integración del Codicen con representantes corporativos tiende hacia el cogobierno, como si ese sistema hubiese sido exitoso a nivel de la Universidad de la República".

La justicia

"No hay una pérdida total del estado de derecho, pero se puede decir que existe un deterioro en el respeto por las normas jurídicas, que no empezó con el actual gobierno. Ciertas materias definitivamente violatorias del régimen jurídico -como, por ejemplo, las eternas refinanciaciones de las deudas de los productores, industriales, etc.- fueron aprobadas por distintas legislaturas. Si bien la izquierda las "manijeaba", no estaba sola en esa tarea. Pero ahora se han sumado otras aberraciones en esta administración. Por un lado, se aprobaron normas laborales que permiten las ocupaciones de los lugares de trabajo; regímenes que afectan el derecho de propiedad de la tierra agrícola que, en algunos casos, se han implantado por un decreto y, luego, otro los ha modificado; reglamentaciones de la IMM para los "carritos" de los hurgadores de basura que violan todo tipo de normas: laborales, seguridad en el tránsito, higiene, etc. A eso se suma el discurso de muchos integrantes de este gobierno, como es el caso de los recientes ataques verbales a los integrantes de la Suprema Corte, lo que también menoscaba el estado de derecho".

"Adam Smith dice en "La riqueza de las naciones" que la fórmula para elevar un estado de la más abyecta barbarie a los niveles más elevados de opulencia es tener paz, bajos impuestos y una buena administración de la justicia y todo lo demás se va a dar en el curso de los acontecimientos. En Uruguay, los mayores y crecientes problemas de la Justicia se manifiestan, por un lado, en su lentitud, que es un defecto común en todo el mundo, pero que aquí alcanza límites extremos; por otro lado -es muy doloroso decirlo- en su bajo nivel de calidad. No sólo los fallos demoran mucho, sino que cuando salen son, en muchos casos, técnica y jurídicamente deficientes. No es esta un apreciación sólo mía, sino que se la he escuchado a varios ministros de la Corte".

"La explicación simplista que suele darse en nuestro país, tanto para el caso de la administración de justicia como también para la educación, es que no puede exigirse más dadas las retribuciones que se pagan. Esa respuesta no es de recibo porque quienes se dedican a la magistratura o la enseñanza no tienen los mejores ingresos en ningún país. Si bien se podría decir que, por todo lo que hacen, están relativamente mal pagos, en otras partes del mundo, los jueces y los docentes que tampoco ganan bien dispensan justicia y enseñan con un alto nivel de calidad, tal como por otra parte, ocurrió en Uruguay durante mucho tiempo".

"Por un lado, hay una fuerte caída en la calidad de la enseñanza en Uruguay como ya lo dijo el Dr. Juan Pablo Cajarville, que tiene muchas más credenciales que yo para afirmarlo, en una carta abierta que es un espejo horroroso en el que nuestro país tiene que mirarse. Por eso, quienes ingresan a la carrera judicial llegan con bajos niveles de capacitación. Por otro lado, persiste el énfasis uruguayo de igualar, con lo cual no se diferencia a los buenos de los no buenos, ni se premia a los más capaces, ni se castiga a los incapaces. En definitiva, se permite que los estudiantes aprueben sus cursos sin mayores exigencias año tras año y que los magistrados asciendan en el escalafón básicamente por antigüedad. De ese modo, se achata y empobrece todo el sistema".

El semanario "Búsqueda" publicó el 17 de abril una información sobre el procedimiento seguido en 2005 por el estatal Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) para la cancelación de una deuda y un préstamo otorgado al vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, solo dos meses después de haber asumido su cargo.

La publicación también entrevistó, para una siguiente edición, al presidente del BROU, Fernando Calloia, encuentro en el que este vertió una serie de amenazas y reproches contra los periodistas del semanario.

Posteriormente, el 2 de mayo, la gerencia del BROU comunicó al semanario que dejaba sin efecto una orden de compra de espacio publicitario solicitada desde el 11 de abril.

El presidente de la SIP, Earl Maucker, editor y vicepresidente del diario Sun-Sentinel de Florida, señaló que la retirada de la publicidad oficial de un medio "en venganza por su línea editorial o por sus críticas o denuncias representa un acto discriminatorio que la SIP siempre lo ha considerado corrupto". Una corrupción que nace, prosiguió, de utilizar "los recursos del erario público como si se trataran de recursos personales".

Por su parte, el presidente de Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gonzalo Marroquín, lamentó que la discriminación de la publicidad oficial siga utilizándose en Uruguay como un método para castigar y para premiar a los medios de comunicación.

El 25 de abril la SIP ya había expresado preocupación por amenazas contra dos periodistas del semanario "Búsqueda". En esa oportunidad, la SIP informó que los periodistas Ismael Grau e Iván Kirichenko, del semanario "Busqueda", acudieron días antes al despacho del presidente del BROU, Fernando Calloia, para dar seguimiento a una investigación periodística.

La pesquisa estaba relacionada con el procedimiento seguido en la entidad bancaria para la cancelación de una deuda y de una medida de embargo contra el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, emitida dos meses después de haber asumido el cargo público en el 2005.

De acuerdo con la edición de "Búsqueda" del 24 de abril, relató la SIP, antes de iniciar la entrevista Calloia 'comenzó a gritar y a golpear la mesa, acusó a sus entrevistadores de haber actuado con mala intención, los insultó, los provocó y hasta llegó a decir que si no fuera porque no tiene más alternativa que 'respetar las reglas de juego de la democracia', dirimiría sus diferencias con ellos mediante un 'duelo''.

El tono de la entrevista también tuvo otros momentos de tensión en la que el titular del banco citó y se refirió al reportaje sobre el caso como 'canallesco', según la SIP. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gonzalo Marroquín, aseveró: 'Nos preocupan las actitudes de reprobación y amenazas de un funcionario público ante la información de interés general difundida en un medio de comunicación que a su vez le da tiempo igual para presentar sus argumentos'.

Los alumnos que cursan profesorado de Secundaria en la Universidad de Montevideo (UM) presentarán esta semana recursos de revocación ante el Consejo Directivo Central (Codicen) apelando la decisión del organismo oficial de anular la habilitación que había otorgado a la carrera, según informa "El Observador" hoy.

Esa habilitación dada en diciembre, ponía fin al monopolio de la formación docente por parte del Estado. Sin embargo, el 6 de febrero el Codicen dejó en suspenso la resolución que había sido votada por unanimidad y el 29 de abril la revocó definitivamente. El organismo fundó su marcha atrás en que la habilitación tenía errores jurídicos porque era retroactiva y acreditaba los cursos dictados en el pasado.

Uno de los dos grupos que recurrirá esa decisión está formado por los primeros 56 estudiantes que egresarán de la carrera que dictó la Universidad de Montevideo. Los futuros profesores de Matemáticas, Historia, Filosofía, Literatura e Inglés, ya habían iniciado un recurso administrativo ante el Codicen en 2007. En esa oportunidad pedían información sobre los motivos de la demora del trámite de revalida iniciado en 2004, cuando empezaron a estudiar en la Universidad. Según explicó a "El Observador" Lucía Cruz, quien egresará del profesorado en Historia, el procedimiento seguido por el Codicen “tuvo un error grave del debido proceso” porque no se les notificaron las decisiones tomadas. “Después de haber cursado una carrera de cuatro años quedamos a la misma altura que los estudiantes de primer año del IPA”, se lamentó. El otro grupo de alumnos que activará acciones ante el Codicen está formado por los estudiantes que ingresaron a la UM en los años 2005, 2006 y 2007.

La Universidad de Montevideo por su parte presentó el mismo recurso ante el Codicen el 15 de mayo. Además denunció la lentitud del trámite de habilitación y que se “quebrantaron” las reglas de derecho vigente, ya que no se dio vista a la institución, del proceso revocatorio. El recurso fue acompañado de dos informes de los especialistas en Derecho Administrativo, Carlos Delpiazzo y Felipe Rotondo. El rector de la UM, Mariano Brito, declaró al semanario "Búsqueda" que “el Estado no puede ni debe tener monopolios en la educación. Es inconstitucional, quebranta la libertad y daña al Estado y a la comunidad”.

“Presiones”

Los alumnos que presentarán los recursos están convencidos que la decisión del Codicen se debió a “la presión de los gremios de la enseñanza” que rechazan la formación docente en centros privados. “El que no nos garantiza la educación es el Estado que nos dice que si queremos ser habilitados tenemos que estudiar en tal lado”, agregó.

La Universidad inició el trámite para revalidar la carrera, de acuerdo con lo que establecía la ordenanza 36, que fue derogada en diciembre por el Codicen. Hasta el año pasado el expediente descansaba en algún cajón, y se movió tras una llamada del presidente Tabaré Vázquez al Codicen. En noviembre la asesora letrada de ese organismo, Silvia Suárez estudió el asunto, y recomendó la habilitación de la carrera de la Universidad de Montevideo. El 6 de mayo, el Codicen decidió cesarla de su cargo con los votos del presidente Luis Yarzabal, la vicepresidenta Marisa García y la consejera Lilián D´Elia. Votó en contra el consejero Héctor Florit.

Así lo reconoció el director de obras de la Intendencia, Julio Ledesma, durante una entrevista que mantuvo días atrás en la radio local Acuarela. "Decime sí o decime no. No digas nada más. ¿Es cierto que le hiciste el camino a Rodolfo Nin Novoa hasta la puerta de su casa?", preguntó el entrevistador y titular de la emisora, Juan José Palacio. "Sí, es cierto, sí. ¿Cómo no? Fue un planteo del propio vicepresidente de la República al intendente, me lo trasladaron y nosotros lo hicimos", respondío Ledesma.

Enrique Navas, el ex Director de Cárceles hizo declaraciones explosivas a "El País", en un reportaje que fue publicado el 10-06-2008. Navas critica duramente la mentalidad del gobierno y sus políticas en relación a las cárceles, y especialmente al comisionado parlamentario para las cárceles, Álvaro Garcé. A continuación transcribimos parte del reportaje:

-¿Por qué cree que el ministro José Díaz decidió destituirlo del cargo?

-Teníamos concepciones totalmente contrapuestas de lo que debe ser el sistema penitenciario. En el Ministerio del Interior tienen prejuicios con respecto a la aplicación de la autoridad y la disciplina; se confundía autoridad con autoritarismo. Se apuesta a un modelo utópico como el del INAU, totalmente civil, fuera de la Policía y del Ministerio del Interior, pero no hay ningún proyecto concreto.

Tampoco caía bien pertenecer a mi generación: yo trabajé en el gobierno de facto y en el democrático anterior. Egresé en 1970 de la escuela de formación de oficiales y me formé en la guardia metropolitana, una unidad considerada represiva, y como la palabra represión es pecado, sentí que había prejuicios.

Lo que pasó con mi concurrencia al homenaje del Día de los Caídos en la lucha antisubversiva es una señal clara de todo eso. Por más que no se prohíba, hay una clara discriminación hacia quienes pensamos que no tenemos por qué renunciar a esas cosas.

-Usted fue considerado como un "tipo duro"…

-El ministro Díaz y sus asesores políticos, los que aún hoy están, nunca participaron de nuestra línea de trabajo profesional, la que entendieron como demasiado dura en aspectos de seguridad y disciplina. Nunca tuvimos sindicatos, jamás cumplimos la orden del ministro de formar asambleas, discutir qué tarea se va a hacer, ni si se cumple una orden o no. Entendíamos que la policía debía ser verticalista y disciplinada; nunca un organismo deliberante como tiende a ser actualmente.

-Usted dice que Garcé "rogaba por los presos pesados". ¿Qué quiere decir?

-Sobre los pesos pesados y los narcotraficantes. Yo eso se lo informé al ministro Díaz porque me llamó mucho la atención la forma en que el comisionado insistía en ciertos traslados, muy dudosos a mi juicio.

Garcé frecuentemente planteaba traslados y ponía énfasis en algunos narcotraficantes. Se lo había alertado. Lo podía hacer sanamente, pero los elementos corruptos que se mueven en ese ambiente suelen utilizar gente de bien, sana, para sus manejos y sin quererlo puede estar siendo funcional a los intereses de los elementos corruptos que se mueven en torno al sistema penitenciario.

Yo le recomendé al comisionado que tuviera cuidado con esto y a él no le gustó mucho. A los pocos días me hace un pedido por un narco muy, muy conocido e insistió en su traslado y ahí empezaron los problemas. Pienso que lo hizo sanamente, pero estoy seguro que atrás de él, así como atrás de otros pedidos que venían de ámbitos ministeriales, había elementos que se movían con intereses económicos atrás.

Yo siempre me opuse a estas prácticas y pedí se me diera una orden por escrito. Nunca hice favores a ningún ministro, ni de este gobierno, ni del Partido Colorado, ni del Partido Nacional. Jamás di traslados de reclusos, ni policías en comisión, como se suele dar en acomodos políticos, que existieron en todos los gobiernos, y se siguen dando en el actual. Esto me llevó a enfrentarme a todos los ministros de los distintos partidos.

Cuando Enrique Navas estaba al frente de la Dirección Nacional de Cárceles proponía "un modelo penitenciario diferente al que planteaba el Ministerio" del Interior, basado en el de la Gendarmería chilena y en elementos del sistema argentino. Asimismo propuso la construcción de cárceles por concesión de obra pública, como en Chile, pero esto no fue aceptado por "diferencia filosófica" de las autoridades. Impulsaba sacar las cárceles de la órbita de la Policía, pero no del Ministerio del Interior y, sobre todo, "sin renunciar a los principios de disciplina, jerarquía, verticalidad, y uso de la fuerza cuando fuera necesario, porque es una obligación para impedir la anarquía".

Navas tampoco comulgaba con la liberación masiva para atenuar la superpoblación carcelaria. "El problema no se soluciona liberando presos. Es necesario construir más establecimientos con distintos niveles de seguridad", subraya.

"Los partidos políticos tienen que llegar a un consenso sobre políticas de Estado que trasciendan los gobiernos de turno, y entender que no se pueden hacer promesas fáciles ni críticas sencillas en una problemática tan grave y seria", señala Navas. "El sistema penitenciario, al igual que la policía, es un barco a la deriva. Mientras se suceden los gobiernos, los que están en la oposición se limitan a criticar y luego, cuando asumen, tratan de hacer algo y terminan pagando las consecuencias, los presos, el personal policial y toda la sociedad", agrega.

El inspector retirado observa que estos cambios periódicos "cuestan millones y millones de dólares que pagan todos los contribuyentes".

"Hoy si se quiere sacar a un mal policía que ha cometido un hecho grave, aunque sea un procesado, le lleva años ya que éste es considerado casi como un funcionario público en cuanto al amparo de la inamovilidad", señala. "Me he cansado de ver expedientes sumariales que vuelven con una resolución de suspensión a medio sueldo por seis meses", dice.

"En una declaración para la antología del absurdo, la cámara de Diputados reprobó los "actos de terrorismo" de la ETA, pero rehuyó llamar terrorista a ese grupo armado del país vasco. Así, de acuerdo a lo propuesto por parlamentarios del Frente Amplio, se aprobó una declaración según la cual esa banda de tirabombas puede cometer "actos de terrorismo" sin ser terrorista" escribió Antonio Mercader en su columna de "El País" del 11-06-2008.

"Para descifrar esta incoherencia es preciso recordar la década y media de distorsiones perpetradas por la izquierda uruguaya en torno a la ETA, una saga que arranca con el triste episodio del hospital Filtro en 1994".

"Entonces, con su plana mayor a la cabeza (incluidos Tabaré Vázquez y Danilo Astori), el Frente Amplio se solidarizó con tres etarras cuya extradición pedían desde España. Una solidaridad que degeneró en algarada en el Filtro con represión policial y el saldo de un manifestante muerto y varios heridos. A partir de allí, cada 24 de agosto aquella tragedia se conmemora en Montevideo con un mitin que suele rematarse con loas a la ETA, lo que convierte a Uruguay en el único país del mundo en donde se celebran actos públicos a favor de esa banda terrorista".

"Con el tiempo, al cobrar conciencia de su error y a la vista de los crímenes etarras, la mayoría de la izquierda fue desertando de su postura solidaria aunque la contradictoria declaración de Diputados muestra que no todos fueron ganados por la razón, como sucede, por ejemplo con dos legisladores, Esteban Pérez y Víctor Semproni, quienes se retiraron de sala por discrepar con la condena a la ETA".

"Ambos discrepantes integraron el MLN Tupamaros, un movimiento que hasta hace poco tuvo vínculos directos con los terroristas vascos. El primero en denunciar el nexo entre los dos grupos fue el fiscal español Baltasar Garzón, quien indagó en los años noventa las tareas de una sociedad comercial con un barco pesquero regenteada por tupamaros y etarras".

"Si bien su denuncia fue ignorada, testimonios posteriores ratificaron esas relaciones, entre ellos dos libros, uno del politólogo Adolfo Garcé ("Donde hubo fuego") y otro con la biografía de Jorge Zabalza ("Un cero a la izquierda")".

"Los textos confirman que la asonada del Filtro fue un planeado ensayo de retorno a la lucha armada con el apoyo de ETA. Se dice además que, con su intento de impedir la extradición de los requeridos, los tupamaros buscaban retribuir atenciones de los etarras".

"Lo grave es que aquello sucedió después de 1984, con los antiguos militantes del MLN plegados, al menos en apariencia, al sistema político democrático".

"Bajo esta perspectiva, es evidente que la conmixtión entre tupamaros y etarras gravitó en la ilógica actitud de la cámara de Diputados en donde la mayoría frenteamplista evitó llamar a las cosas por su nombre y en donde algunos volvieron a enredar la causa vasca en pos de más autonomía con la justificación de la violencia terrorista. A estas alturas del partido es inaudito que aún haya entre nosotros quienes crean que la ETA, con su cosecha superior a los 800 asesinatos y el repudio masivo de los propios vascos, le aporta beneficios a esa causa".

"Tan inaudito como los dichos del diputado Semproni cuando antes de salir de sala afirmó tan pancho ante sus pares que los tupamaros nunca practicaron actos terroristas olvidando, entre otros, la bomba en el Bowling de Carrasco que mató a una cuidadora y la ejecución del peón rural Pascasio Báez".

"Sin duda, son de terror".

Una sentencia calificada de histórica obligó a una institución de asistencia médica a entregar a una paciente un medicamento que no estaba incluido en el vademécum. Jorge Chediak, integrante del tribunal de apelaciones que tomó la decisión, explicó que “los derechos de rango constitucional”, como es la salud, no pueden ser “limitados” por razones presupuestales o administrativas.

“Los derechos fundamentales son atributos de la persona, están garantizados por la Constitución y pueden ser exigidos por parte de las instituciones, autoridades estatales y particulares”, dice la sentencia. En el caso concreto, el derecho fundamental de la actora a su salud no puede ser lesionado ni restringido por priorizar derechos de índole patrimonial de la institución de asistencia médica demandada. Existe una indicación médica que debe ser cumplida, pues en caso contrario se vulnera gravemente un derecho humano protegido por la Constitución de la República, continúa la sentencia.

En una entrevista en "El Espectador" realizada el 31-07-2008, el juez Chediak se explayó sobre el fallo. Estas son algunas de sus consideraciones:

"...los derechos de rango constitucional, como el derecho a la vida y a la salud, no podían ser, en el caso concreto, limitados por razones presupuestales de la institución de asistencia médica colectiva ni por razones administrativas...".

"Para la institución de asistencia médica colectiva, o en su momento para el Estado, es un problema superable, es un problema económico, es un problema de planificación actuarial administrativa. Para el paciente es un problema vital que no puede solucionar, porque estamos hablando, justamente, de remedios de altísimo costo que el ciudadano común no puede pagar de su bolsillo. La alternativa es resignarse a la muerte o a la sobrevida en pésimas condiciones".

"Nosotros señalamos que constitucionalmente hay obligación de entregar estos remedios; cada organización deberá instrumentar los medios económicos para llevar a cabo esto".

Fallo contranatura

El fallo del tribunal de apelaciones que comentamos tiene varios defectos y sostiene una tesis trasnochada y contranatura.

Para empezar por los defectos, la constitución no habla en ningún lado del "derecho a la salud", ni mucho menos dice que esté por encima de cualquier consideración económica. El artículo 44, además de encomendar al Estado el "perfeccionamiento moral de todos los habitantes del país", es el único que se refiere directamente a la salud:

"Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes".

Al contrario de lo que sostiene el fallo judicial, el artículo 44 dice que el cuidado de la salud es un "deber" de los habitantes, y que el subsidiará la asistencia médica "sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes". Y aún en este caso, la constitución prevé gastos -porque la atención médica no es gratis- que corren por cuenta del Estado.

Y la constitución no habla más de la atención médica de los habitantes de la república.

Es más, el gremio médico promueve desde hace mucho una reforma constitucional que incluya el "derecho a la salud". Gonzalo González, presidente de AFCASMU (Asociación de Funcionarios del Casmu) dijo a "Radio Centenario" el 10-08-2004:

"Ese es un tema que nosotros también queremos tratar de discutirlo con los trabajadores, hay algo que nosotros tenemos que garantizar que no está en la Constitución y es el derecho a la salud. Eso en la Constitución no está planteado, está solo el derecho para los indigentes nada más que están a cargo del estado, la asistencia en salud".

Por su parte, en los documentos de la 8ª Convención Médica Nacional se establece que "el derecho a la salud no está reconocido a texto explícito en la Constitución de la República".

Hasta aquí los defectos del fallo. Pero aún mas grave es la tesis que el fallo sostiene: “los derechos de rango constitucional”, como es la salud, no pueden ser “limitados” por razones presupuestales o administrativas.

Un disparate.

El artículo 45 de la constitución dice que "todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa". Seguramente va a haber muchos miles de uruguayos que van a hacer cola en la puerta del tribunal del juez Chediak para conseguir un fallo que, siguiendo el mismo criterio del comentado, establezca que se les debe otorgar una "vivienda decorosa" sin importar su costo.

Y ni hablar del "acceso al agua potable y el acceso al saneamiento". El artículo 47 de la constitución dice que "constituyen derechos humanos fundamentales". Es de esperar que el juez Chediak obligue al intendente de Canelones a construir la red de saneamiento de Ciudad de la Costa que la viene prometiendo desde la campaña electoral de 2005, sin importar su costo.

Voluntarismo

En definitiva, el fallo del tribunal de apelaciones que comentamos transpira un trasnochado voluntarismo que va contra la naturaleza de las cosas, y que ni el gobierno progresista puede sostener. El maestro Milton Friedman acuñó la famosa expresión "no hay almuerzos gratis" como corolario de la comprobación del axioma de que toda acción tiene un costo, y siempre hay alguien que lo paga.

Por eso resulta inexplicable, salvo desde una irresponsable perspectiva proselitista, que un diario supuestamente liberal como "El País" publique un editorial el 02-08-2008, titulado "Fallo saludable", en el que se elogia el fallo.

"Hubo un terrible accidente", dijo el intruso. Los integrantes de la reunión nos quedamos mirándolo. Me pregunté quién era este tipo que había entrado de manera tan desordenada a una reunión en la que no participaba.

"¡Un avión se estrelló contra las Torres Gemelas en Nueva York!", nos gritó el intruso. Nadie se movió. Finalmente el anfitrión le dijo al intruso: "¡Dale Juan! Estamos trabajando acá. Y hoy no es el Día de los Inocentes". "En serio", contestó el intruso y se fue.

La reunión continuó un poco más, hasta que alguien golpeó la puerta. El mismo tipo entró en la sala. "Otro avión se estrelló contra las Torres Gemelas", dijo. Esta vez su timbre de voz era más bajo y sombrío.

La reunión había terminado. Todos nos trasladamos a la oficina de al lado donde había un televisor encendido. En los siguientes minutos nadie dijo nada. Simplemente nos quedemos ahí, mirando aquellas horribles imágenes. Repetidas, una vez y otra vez.

Alrededor de las 11 de la mañana salí del edificio del LATU hacia mi auto. Estaba entumecido. Tenía que ir al centro, pero me volví para casa. No recuerdo nada de mi viaje a casa, excepto aquella espectacular mañana de sol...

Los siguientes 3 or 4 días los pasé en casa viendo CNN. Angustia, rabia, tristeza, duelo...

Siete años después, aún siento escalofríos cuando recuerdo aquella reunión de negocios en el LATU.

Desde aquella terrible mañana de sol hace siete años algo dentro mío ha cambiado. El mundo ha cambiado. "¿Hacia dónde vamos?", me preguntaba entonces y ahora. Quién sabe...

Maitena, la caricaturista y escritora argentina, dibujó una conmovedora ilustración que salió publicada el 13-09-2001 en "La Nación" y que acompaña este comentario. La imagen refleja vivamente los sentimientos que compartimos aquella mañana apocalíptica, hace siete años.

30-09-2008 - Urgente 24. "Las valijas de Antonini en Uruguay: El caso UMISSA."

25-09-2008 - La Nación. "Los problemas están en la Argentina" por Joaquín Morales Solá.

25-09-2008 - Clarín. Antonini: "Uberti se llevó la valija grande".

24-09-2008 - El Universal. "Antonini: Fueron dos maletas enviadas a Buenos Aires con 6 millones de dólares".

24-09-2008 - El Universal. "Antonini confirma entrada a Argentina de otros $ 4,2 millones."

21-09-2008 - El País. "Si hablo, todo el mundo va preso".

20-09-2008 - El País: Antonini: Pdvsa "me mandó" un avión a Uruguay.

18-09-2008- PDVSA da plata "a todos los presidentes de por allá abajo".

17-09-2008 - El Universal: Argentina y Venezuela sellaron acuerdo por maletín.

14-09-2008 - La Nación: "Una madrugada de controles laxos y un conteo interminable. La maleta del escándalo fue la única que se abrió; otras no pasaron por el escáner".

14-09-2008 - La Nación: "En el vuelo de Antonini Wilson llegaron otros US$ 4.200.000".

12-09-2008 - New York Times: "Una grabación sugiere que Argentina trató de tapar el escándalo"

Fidel Castro (lo que va quedando) de Cuba, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, Ollanta Humala de Perú, Daniel Ortega de Nicaragua, Piedad Córdoba de Colombia y Cristina Kirchner de Argentina, son apoyados financiera y logísticamente por Chávez. Forman parte de la red de poder que el gorila caribeño ha creado a fuerza de petrodólares.

Hasta ahora la trenza de poder y corrupción se conocía por las denuncias periodísticas y de la oposición. Ahora se empiezan a ventilar pruebas concretas en la justicia. Chávez y Cristina Kirchner quedaron indirectamente implicados por las partes en el juicio que dirimen en Miami derivado del envío de Caracas a Buenos Aires de un maletín con 800.000 dólares, que se sospecha eran fondos para la campaña electoral argentina, según informa hoy AFP desde Miami.

El maletín que llevó el empresario estadounidense-venezolano Guido Antonini Wilson "era dinero para la campaña presidencial de la entonces candidata en Argentina Cristina Kirchner", dijo el fiscal estadounidense Thomas Mulvihill al presentar al jurado los argumentos de la acusación. El fiscal se refirió a grabaciones de los acusados obtenidas por el FBI y dijo que esas pruebas "reflejan claramente a dónde iba el dinero". "El dinero iba a la campaña de Cristina Kirchner (...) y fue Franklin Durán quien le dijo a Antonini cuál era el destino del dinero", agregó Mulvihill.

Guido Antonini llevó en agosto de 2007 de Caracas a Buenos Aires el maletín con los supuestos fondos electorales. Cristina Kirchner ganó las elecciones en octubre de ese año y reemplazó en el gobierno a su esposo, Nestor Kirchner. Además de Durán, otros dos venezolanos --Carlos Kauffman y Moisés Maiónica-- y un uruguayo --Rodolfo Wanseelee-- fueron acusados por Estados Unidos de actuar en Miami como agentes encubiertos de Venezuela con el mismo objetivo: convencer Antonini de que ocultara el origen y el destino del dinero.

De esta manera, y por primera vez, se empiezan a conocer pruebas concretas de que el gorila de Venezuela financia candidatos afines o complacientes con sus propósitos, interviniendo con dinero y logística en distintos países del continente.

¿Y en Uruguay?

Es sabida la afinidad que hay entre el gobierno progresista y el régimen de Chávez. Desde ANCAP y el pozo petrolero de regalo, hasta el tablero del Estadio Centenario, pasando por el negocio de las casas prefabricadas y las exportaciones de software, Chávez se ha convertido en una especie de tio rico del Uruguay

Es cierto que a nivel presidencial las relaciones con Venezuela se han enfriado últimamente, especialmente después que Chávez se hiciera el distraído con el diferendo con Argentina por Botnia, y que nuestro embajador en Caracas hablara pestes del gobierno de Chávez en una conversación privada con legisladores que recogió "Búsqueda". Sin embargo para la mayoría del Frente Amplio Chávez es un ídolo y su régimen un ejemplo a seguir.

Recientemente José Mujica, quien seguramente compita por la candidatura presidencial oficialista, viajó a Caracas en su gira internacional de autopromoción. También viajó a Venezuela el presidente de ANCAP Raúl Sendic, no solamente por negocios ya que se lo vió vistiendo una camisa roja. Sendic ha sido además uno de los principales impulsores del acuerdo entre ANCAP y PDVSA.

Paralelamente, también juega Daniel Martínez, el actual Ministro de Industria del gobierno progresista y ex presidente de ANCAP, quien no sólo mantiene estrechos contactos con el mandamás bolivariano, sino que hace tiempo que viene siendo mencionado como posible candidato de alternativa, y últimamente viene sonando como compañero de fórmula de Mujica.

La aduana no funciona bien

Todos sabemos que la aduana no funciona bien. Al respecto, el senador nacionalista Julio Lara presentó una denuncia penal por presuntos ilícitos en la transferencia de dinero y metales preciosos en la Aduana del Aeropuerto de Carrasco.

Según la denuncia, "diariamente a través del Aeropuerto de Carrasco se realizan transferencias de divisas por medio de vuelos en avionetas de alquiler" y no en aviones comerciales. "Resulta por demás extraño que sumas de dinero cuyo destino final es EEUU realicen un periplo extremadamente largo y por lo demás inseguro, que abarca Asunción, Montevideo, luego Ezeiza, y desde ahí a EEUU. No se entiende este itinerario, en forma oblícua, pudiendo realizar en cambio viajes directos" añade el senador en la denuncia, según "Búsqueda" (pag. 5, 04-09-2008).

Según el legislador los valores transportados, que en principio provienen de Paraguay, tienen en realidad origen en Venezuela. "Lo que los expertos me decían es que ellos entienden que a Paraguay el dinero llega de otro país de Sudamérica. Lo que uno de los expertos de inteligencia británica me dijo es que el 95% de esas avionetas que se utilizan para salida de dinero de Paraguay vienen de Venezuela", expresó Lara.

¿Habrá un candidato de Chávez en Uruguay? ¿Llegará alguna valija chavista para la campaña electoral? Habrá que estar vigilantes.

"Moisés Maiónica: Inclusive PDVSA teniendo ahorita... teniéndole que dar plata a este huevón pa' llevársela a Cristina, se la dan en efectivo.
Alejandro Antonini: ¿Pa' dárselo a quién? ¿A Álvarez?
MM: La de Cristina, la...
AA: Ah, Cristina, ehm, esta Cristina...
MM: Claro.
AA: ...la presidenta.
MM: Por eso. Y es la... y es la única...
AA: Bueno, eh, a ella... eh, a ella y a todos los presidentes de por allá abajo."

Este es uno de los más de 200 diálogos que mantuvo Antonini Wilson con Moisés Maiónica -abogado de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) de Venezuela- en Miami el 30-11-2007, que el FBI tiene grabados. Allí Antonini sostiene claramente que PDVSA envía "plata" a la presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner y "a todos los presidentes" del sur del continente, según el extenso artículo publicado en "Búsqueda" del 18-09-2008.

Las "casas uruguayas"

En las grabaciones del FBI, Antonini también reconoció que estaba a cargo del "negocio" de "las casas uruguayas" exportadas a Venezuela, del cual afirmó que es "uno de los más grandes" en el país que gobierna Hugo Chávez, pero aseguró que no incurrió en actos de "corrupción".

Franklin Durán, quien es juzgado en Miami por presuntos delitos vinculados al episodio de la valija, presentó en agosto pasado ante la justicia de Uruguay una denuncia penal contra Antonini Wilson, contra otro venezolano y contra el titular de Umissa (Unión Metalúrgica Industrial del Sur S.A.), el argentino radicado en Montevideo Alejandro Lagrenade.

La denuncia se formuló sobre la base de que existieron delitos en negocios entre Uruguay y Venezuela que incluyeron la exportación de vaquillonas holando uruguayas, la venta de unos U$S 64 millones en software uruguayo, y alrededor de U$S 156 millones en casas prefabricadas industrializadas por Umissa.

Según datos aportados por Durán en la denuncia, Lagrenade desvió U$S 23.320.050 de una cuenta de Umissa en un banco extranjero con sede en Montevideo hacia otra cuenta del mismo banco a nombre suyo, de Antonini Wilson y del otro empresario, Norberto Barcos, de acuerdo al artículo de "Búsqueda".

En las actas de las grabaciones secretas realizadas por el FBI de las convesaciones de Antonini Wilson con sus cómplices, cuyos facsímiles publica Globovisión, hay dos de ellas que implican a Uruguay:

Conversación entre Alejandro Antonini, Franklin Durán, Moisés Maionica y otros de 27 de agosto de 2007

ANTONINI WILSON: ... Bueno, un maletín de ochocientos mil dólares con un venezolano. Entonces, yo le pregunto al asistente que estaba conmigo, ehh...Victoria. En un sitio ... tomando unos tragos. Y me dice ... "¿Viste? Había que darle algo a la oposición. Le dimos eso, pero tu nombre no esta." Pero, yo ante eso, dije, " ¿Tú sabes qué? Yo guardo distancia ... hasta que de verdad arreglen el rollo." Y nunca lo van arreglar ... Y siempre me dijeron ... Ellos se asustaron ... cuando yo me fui a Uruguay, ellos mandaron un avión de Pdvsa a buscarme. Y a mi me llamo Victoria para decirme que si no me montaba en ese avión, que ella mandaba un avión de la Republica Argentina a buscarme. Pero que a mi no me pasaba nada. Y yo no me regreso porque a Marjorie Gutiérrez, de Pdvsa, le requisaron el avion antes de salir… y ella me dijo, "No es seguro que te regreses." O sea... A mi la misma Pdvsa me dice ... Argentina se esta portando con nosotros como no es. Entonces ...

MOISES MAIONICA: No, es que en principio fue así. Hubo un desbarate porque..

AW: Ah ... le requisaron ... Ella fue a buscarme. Yo vi el Falcon aterrizar.
Yo lo vi ... con mis ojos. Yo estaba en el aeropuerto y le dije que estaba en el hotel.
Cuando ella aterriza me llama (…) me dice que me volverá a llamar cuando esté
en el carro de Pdvsa" Me venia a buscar a Uruguay y me dice, "Tienes razón,
no te montes y no te vayas para esa mierda porque esos coños de madre me requisaron el avion antes de salir. Hubo que llamar al Canciller para que dejara la vaina. Entonces ...

Conversación entre Alejandro Antonini, Franklin Durán, Carlos Kauffman, Nicola Rossini, Moisés Maiónica y otros del 23 de agosto de 2008

FRANKLIN DURAN: ¿Los reales para dónde los mandaste?

ANTONINI WILSON: No los he ido a buscar.

FD: ¿Los reales de los uruguayos?

AA: No, mi plata. Mi plata de toda mi vida. La plata de Jackie.

FD: No ...

AA: No tenemos cuenta. No tengo cuenta.

FD: No tienes cuenta ahorita? Ahorita la vuelves a sacar. Sales inocente de un caso- tienes una garantía de que saliste inocente de un caso, hermano, tu tienes tus cuentas abiertas, porque el banco te las abre, cualquier banco. Mi pregunta es, la plata de Uruguay que hiciste?

AA: Está en Uruguay.

FD: No la mandaste para otro lado?

AA: No. Claro que no. .

FD: ¿Se la devolviste a los uruguayos?

AA: Claro.

FD: ¿Tú confías en que los uruguayos nos van a cumplir?

AA: Frank, la tienen ellos. ¡Claro que si!

FD: Cuánto nos deben ellos ahorita?

AA: Nada, Frank, nada. Yo he hecho el 50%, ¿que nos deben, Frank? Si se hace todo mierda, ¿qué nos deben? ¿o qué me deben a mi?
(…)

FD: Bueno. ¿Cuánto tiempo tienes tú viajando a Argentina? ¿Dos años?

AA: No, no, yo no. Estás equivocado. Yo iba a Uruguay. Yo no iba a Argentina.

FD: Disculpa. ¿Cuanto tiempo tienes viajando al sur?

AA: Un año, año y medio.

FD: Bueno, listo.

Es curioso que estos autómatas, que hace años que -sin chistar- levantan o bajan las manos según las órdenes del virrey que gobierna al Uruguay, se encocoren de tal manera con Cotugno, quien no hizo más que vocear lo que su iglesia ha establecido con diáfana claridad como su política en relación al aborto. Los autómatas saben que el virrey va a vetar la ley si es aprobada en el Parlamento, pero contra el virrey se cuidan de no decir nada.

La excomunión es una acción jurídica que está contenida en el Código del Derecho Canónico de la Iglesia Católica y se le puede aplicar a personas que siendo católicas tienen un comportamiento público que va en contra de los principios del catolicismo. El canon 1398 del Código de Derecho Canónico de 1983, actualmente en vigor, define en el derecho de la Iglesia Católica el delito de aborto: "quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae".

"La excomunión afecta a todos los que cometen este delito conociendo la pena, incluidos también aquellos cómplices sin cuya cooperación el delito no se hubiera producido", dijo Juan Pablo II, en la Carta Encíclica Evangelium Vitae, n. 62.

Más claro, imposible. Cotugno es simplemente el mensajero del Vaticano. No inventó nada.

Además hay antecedentes recientes. El pasado mes de abril, en Ciudad de México se modificó Ley de Salud del Distrito Federal para legalizar el aborto, hasta las doce semanas de gestación. De inmediato, el Arzobispado de México declaró que “quien legisla a favor del aborto, quienes lo promueven y trabajan para hacerlo realidad, quien lo induce u obliga a la mujer a abortar, el médico, enfermera o persona que lo realiza, y la mujer que lo lleva a cabo reciben la pena de la excomunión”.

Debilidad parlamentaria

En realidad hay dos "procesiones" que marchan silenciosas detrás de este altercado público. Por un lado está este Parlamento automático que nada discute y que sólo mira a las alturas esperando órdenes; que en esa espera obsecuente ha caído en una fragilidad y confusión tremebundas. Un Parlamento que está a punto de votar una ley de aborto, pero que en el colmo de su inseguridad ha optado por tapar el engendro poniéndole al proyecto un nombre de fantasía ridículamente hipócrita: proyecto de ley de salud sexual y reproductiva.

La otra "procesión" es el viejo sin sentido del anticlericalismo militante que muchos políticos siguen practicando para la tribuna, pensando tal vez que en este país del ayer todavía puede rendir. En seguida aparece ese escozor que les viene cuando, de algún modo, aún de la forma más indirecta, se cuela el factor religión en la discusión de un asunto de importancia nacional.

Si el Parlamento fuera una institución republicana fuerte y prestigiada nada de esto pasaría. Discutiría de frente y a la luz pública la cuestión del aborto y, sin eufemismos, crearía o no una ley permitiéndolo, tomando francamente en consideración el interés de sus representados. Pero ya se sabe que la realidad es otra. Mientras buscan sacar la ley entre gallos y media noche, se la agarran con el arzobispo Cotugno -con el que pueden- por pregonar con franqueza la verdad de su iglesia.

"El próximo martes 18 de noviembre, Juan Carlos Blanco y María Celia Larrieux cumplirán sus bodas de oro. Con tal motivo, se solicitó al juez que lo procesó por un doble crimen en el que todos sabemos que no tuvo arte ni parte, -el de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz- su salida transitoria, por un rato apenas. Pero el juez de la causa (...) le negó su autorización. Seguramente, por la extrema peligrosidad de este "delincuente" de 75 años de edad, que, pocas semanas ha, estuvo otra vez internado en la Asociación Española, en razón de una recaída de la neumonía que lo aquejó durante el crudo invierno del 2007.

Mucho más sensata y humana, la Dra. Fanny Canessa termina de acordarle una salida transitoria, por un fin de semana, a otro procesado publicitado y de nula peligrosidad, el Cr. Bengoa. Y dícese que le concederá otra, para las fiestas navideñas.

Entre tanto, en la otra causa que se sigue al ex canciller y senador (1990 - 1995), por el homicidio de Elena Quinteros, la ex Fiscal de Corte de facto -la Dra. Guianze- pidió, en su acusación, una condena de 20 años de penitenciaría para Blanco, imputándole la autoría del nuevo delito de "Desaparición forzada de personas", creado en el art. 21 de la Ley 18.026, de octubre de 2006.

Subrayo lo de "nuevo", porque el delito se cometió treinta años antes, en junio de 1976. Es decir que, so pretexto del carácter permanente que le asignó el legislador, a fin de hacerlo imprescriptible y retroactivo, la fiscal acusa a Blanco por un delito que sabe que no cometió y que no existía al tiempo de su comisión. Y, de paso cañazo, dada la provecta edad del acusado, pretende, de hecho, que se le condene a prisión perpetua. Es decir, que muera en la cárcel.

La retroactividad, en materia penal, es como el veneno para la salud. Es sinónimo de barbarie jurídica. Por ello, el art. 15 del Código Penal dispone que "Cuando las leyes penales configuran nuevos delitos, o establecen una pena más severa, no se aplican a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia". Si "Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohibe" -art. 10 de la Carta-, se incurre en grosera inconstitucionalidad toda vez que una ley penal retroactiva transforma en ilícitas conductas que, al tiempo de su comisión, eran lícitas. Y, por ende, las sanciona.

El delito de desaparición forzada de personas, fue copiado del literal i) del num. 2 del art. 7 del Tratado de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, cuyo art. 24 consagra la irretroactividad: "Nadie será penalmente responsable, de conformidad con el presente Estatuto, por una conducta anterior a su entrada en vigor". Es decir, que se tomó del Tratado de Roma lo que servía para perseguir al Dr. Blanco -y a algún otro- y se tiró a la basura lo que impedía su incriminación: la irretroactividad. Y algo más sobre este caso que no honra a nuestra justicia y que es expresión inferior de una venganza.

Al imputársele dicho delito nuevo y retroactivo, es la segunda vez que se cambia la imputación inicial de "Privación de libertad" (art. 281 del Código), que pasó luego a ser de "Homicidio especialmente agravado" (art. 312 del C.P.) y, ahora, es la del art. 21 de la Ley 18.026. Ello, que es muy poco serio, evidencia las dudas y vaivenes de la fiscal, así como la visible dificultad que ésta ha enfrentado para adecuar lo actuado por el Dr. Blanco a algún tipo delictivo legal.

Además, la Dra. Guianze tiró a la papelera el informe de la Comisión para la Paz, aprobado por decreto de 16.04.2003, que declaró fallecida a la Sra. Quinteros. No, desaparecida. Entre tanto, Blanco soporta su calvario ante la indiferencia de la sociedad.

Es una vergüenza."

Tomado de la nota editorial titulada "Blanco: una vergüenza", sin firma pero probablemente escrita por el Dr. Gonzalo Aguirre. "El País", 16-11-2008.

Bueno, el señor jefe de Policía de Montevideo debe estar equivocado. El Código Penal es contundente al respecto. En su Capítulo II "De las faltas contra la moral y las buenas costumbres", el Artículo 361 dice que "serán castigados con multa de 10 U.R. (diez unidades reajustables) a 100 U.R. (cien unidades reajustables) o prisión equivalente (...) el que en lugar público o accesible al público se presentare en estado de grave alteración psíquica producida por el alcohol o por substancias estupefacientes y el que por los mismos medios provocare en otros dicho estado." (Numeral 6. Abuso de alcohol o estupefacientes).

Esta dramática discrepancia entre lo que ordena la ley (el Código Penal y la ley natural) y lo que hace la sociedad (con la policía adentro) explica en buena medida que veamos todos los días, a toda hora, en cualquier espacio público, personas tomando bebidas alcohólicas, durmiendo "la siesta" o haciendo cualquier otro tipo de cosa desubicada... sin consecuencias.

No solamente el abuso de alcohol o estupefacientes...

... está prohibido y castigado por el Código Penal, pero la fuerza pública no lo reprime. El Artículo 361 también define la mendicidad abusiva, estableciendo penas para "el que se dedicare a mendigar públicamente, sin estar inhabilitado para el trabajo por causa de invalidez, enfermedad o vejez, o en lugares donde haya establecimientos destinados a asilar o socorrer a los mendigos". El mismo artículo habla de la instigación a la mendicidad, estableciendo penas para "el que dedicare niños a mendigar públicamente."

Por eso no extraña ver diariamente a cientos de personas y niños acosando a transeúntes y automovilistas ofreciendo servicios totalmente ilegítimos a cambio de monedas, o directamente pidiendo una limosna.

Tampoco se reprime a los que ensucian, por lo que Montevideo es una de las ciudades más mugrientas del mundo. En efecto, el Artículo 365 del Código Penal castiga con "10 U.R. (diez unidades reajustables) a 100 U.R. (cien unidades reajustables) de multa o prisión equivalente" al que "arroja en un lugar de tránsito público, o en un lugar privado, pero por donde circulan personas, cosas susceptibles de lesionar, ensuciar o molestar."

Hacia la Edad Media

Todo este conjunto de violaciones a las normas más elementales de convivencia y dignidad se sobrellevan con una gran dósis de insensibilidad e indiferencia. Nos hemos habituado a todas esas agresiones. Nuestros hijos conviven con ellas, por lo que la próxima generación de uruguayos ya las tiene incorporadas como cosas normales.

Entonces, que las autoridades policiales no sólo no hagan cumplir la ley, sino que defiendan públicamente su inacción ante el delito, es apenas una parte, un síntoma del viaje de la sociedad uruguaya hacia la Edad Media.

Villamil se reunirá con su abogado para analizar la situación, analizar lo ocurrido y definir los pasos a seguir. El médico informó que ya registro su título de oftalmólogo en el registro de profesionales de la salud, por lo que considera que está habilitado para ejercer la medicina en todo el país, aunque la decisión del gobierno le genera dudas y miedos. "El título fue habilitado por la Facultad de Medicina y espero que esto no cambie. Pero nadie me ha llamado de la Facultad ni de la Caja Profesional. Iba a exponer mi curriculum y a hablar acerca de las posibilidades de trabajo, pero ahora no lo sé", afirmó.

El ejercicio de la medicina por parte de los médicos cubanos que trabajan en el Hospital de Ojos fue motivo de controversia y discusiones entre jerarcas del MSP y doctores uruguayos. Ante las demoras en una definición sobre si se revalidaban los títulos a los oculistas cubanos, el gobierno por decreto les permitió ejercer la medicina solo en el marco de la Operación Milagro que Cuba desarrolla en varios países. Para ello, los inscribió en un registro temporario, del que dio de baja a Villamil tras la decisión de éste de dejar la Operación Milagro y de vivir en Uruguay.

La embajadora cubana en Uruguay, Marielena Ruiz, fue notificada de la decisión y expresó que "esto se trata de un convenio bilateral y la habilitación de los títulos se solicitó de manera temporal y específicamente para trabajar en el Hospital de Ojos". La diplomática señaló que la otra persona eliminada del registro "es un colaborador que regresó a Cuba porque va a cubrir otra misión y así será con el resto de la brigada, que debe cambiar en diciembre".

Villamil evalúa emigrar a otro país

En su edición del 27 de noviembre "Búsqueda" informó que Villamil está "preocupado" por la decisión del MSP de eliminarlo de los registros de médicos habilitados para ejercer en el país y por ello evalúa si inicia un trámite de habilitación -que podría llevarle meses- o emigra hacia un tercer país. Para ello Villamil deberá hacerse de su pasaporte que en la actualidad está en poder de la Embajada cubana en Uruguay.

Villamil enfrenta el triste destino de otros "desertores" cubanos

En un reportaje exclusivo para "El País" Villamil dejó entrever las graves consecuencias que podría enfrentar tras su decisión de abandonar la Operación Milagro y quedarse a trabajar en Uruguay. "Es una decisión muy bien pensada que implicó un gran costo personal. Decidí apartarme de la Operación Milagro y quedarme en este país a trabajar. Dejé en Cuba un hijo de 10 años, mi madre que es médica, y el resto de mi familia", dijo el médico.

"Sé que cuando uno toma una decisión de estas, deja mucho. Mis cuentas se clausuran, las propiedades a nombre mío también. Todo es pérdida. Por eso, no lo hice a lo loco. Vale la pena.", agregó Villamil, quien agregó que "soy civil y un ser humano y tengo derecho a decidir sobre mi propia vida. Esta es una sociedad con muchos derechos civiles, donde hay libertad, hay tranquilidad. Este país es para vivir y trabajar." Cuando se le preguntó por su hijo, Villamil dijo que no sabe cuándo lo volverá a ver.

Médicos cubanos vigilados y sin dinero

A raíz de la renuncia del Dr. Villamil, los uruguayos empezamos a conocer qué hay detrás de la "Operación Milagro". En el Hospital Saint Bois hay un lugar que evoca Cuba. Allí viven los médicos de la "Operación Milagro". No tienen la libertad de cualquier uruguayo aunque no expresan quejas. Sobre el caso de Vladimir Villamil hablan poco.

La brigada está compuesta por 28 personas y llegó, en su mayor parte, en octubre de 2007. No sólo hay médicos oftalmólogos. También hay un anestesista, un epidemiólogo, varias enfermeras, una licenciada en farmacia, varios ingenieros, instrumentistas, personal para el laboratorio clínico, una jefa de esterilización y optometristas. Incluso hay dos cocineros, uno de los cuales oficia también de chofer.

Todos ellos viven en un ala del Hospital de Ojos, donde se come comida cubana, se escuchan radios cubanas y se mira televisión cubana. Es un pabellón de la planta alta con habitaciones con dos camas y baño privado. Cuando se vayan será otro lugar de internación.

Según explicó a "El País" el jefe de la Brigada, Isaac Paredes, la jornada comienza a las 5.30 y a las 7.15 el equipo y el block quirúrgico están preparados para el trabajo. La hora en la que la jornada termina, depende de cada uno. Unos pueden terminar a las 16.00, otros más tarde. A las 20.00, se hace un chequeo de los problemas que se presentaron en el día. "Esto nos crea la habilidad de saber qué problemas habrá mañana. Nosotros no marcamos tarjeta porque cada uno sabe lo que hacer. Y para nosotros vivir en el hospital es una facilidad. Aquí la gente se despierta temprano y más calma", dijo.

La Sociedad Oftalmológica Uruguaya denunció semanas atrás en el semanario Búsqueda que los médicos cubanos "están presos" en el hospital. Si los médicos quieren ir a dar una vuelta por el Centro, primero tienen que avisar, aunque Paredes informó que todos tienen celulares.

"El famoso `permiso` es para saber dónde está la gente, porque cada grupo tiene un responsable", dijo. A su juicio esto no coarta la libertad. "La libertad es un sentimiento, más que un estado. Nosotros nos sentimos libres", aseguró.

"El País" dialogó con cuatro miembros de la brigada y les preguntó qué lugares de Uruguay habían conocido. Sólo uno respondió que había estado en la Ciudad Vieja. Otra dijo que los habían llevado a "Piriápolis y a Maldonado". El resto se limitó a hablar de las pesquisas que estuvieron realizando sobre pacientes oftalmológicos en algunos lugares del interior del país.

Para responder a estas preguntas de "El País", los cuatro médicos cubanos solicitaron autorización a Paredes. Incluso luego que éste ya la había otorgado, una de las consultadas pidió a un colega que el jefe fuera informado de que la entrevista se estaba realizando.

Bienvenida Pilotu, licenciada en enfermería para el post operatorio se limitó a señalar: "Vivimos muy bien, con toda la comodidad". La deserción de Vladimir Vilamill Martínez del equipo despierta pocos comentarios. "La posición fue de firmeza y seguir con lo que estamos haciendo", dijo Pilotu. Gelen Welch, médica cirujana aseguró que la ida del colega "no impactó, fue una decisión personal, su problema, su vida".

Paredes también se limitó a señalar que se trataba de una decisión personal que tendrá un costo personal importante. Y ante la pregunta de si hubo alguna señal que pronosticara esta deserción, se limitó a contestar: "Él tenía sus funciones aquí como todo el mundo. Pero te empiezas a divorciar desde que lo pensaste".

En el ala donde viven hay acceso a un servicio de televisión y radios cubanas por satélite. Estos son brindados por el gobierno cubano, explicó Paredes. Antes tenían el servicio de televisión por cable, pero ahora sólo tienen canales uruguayos que complementan las emisiones desde la isla.

En una pequeña sala con dos computadoras, que ellos llaman "cibercafé", también tienen servicio de internet, aunque éste es pago por el Ministerio de Salud Pública según confirmó Yamandú Bermúdez, director del hospital. A diferencia de lo que sucede en Cuba, éste servicio tiene acceso a todas las páginas de internet.

"Las limitaciones en Cuba son para las páginas que no son productivas. Si yo soy médico, tendré un servidor con los sitios médicos habilitados", explicó Paredes. Cambridge, por ejemplo, está habilitado. El de la Universidad de Massachusetts no.

Y, como aquí tienen un servicio de acceso completo, lo que hacen es "controlarse". "Hacemos un uso razonable en base a nuestros principios. Porque no dejamos de ser cubanos", apuntó el jefe de la brigada médica.

El equipo cubano ha realizado 5.894 intervenciones, de las cuales 4.497 fueron por cataratas.
La remuneración por todo ese trabajo, los cubanos no lo ven. Es que su sueldo, que su jefe Isaac Paredes prefirió no revelar, es entregado a sus familias en Cuba. A ellos les otorgan un "dinero de bolsillo" con el cual pueden moverse. Paredes tampoco informó a cuánto asciende esta cifra, pero por lo menos para pagar un contrato de celular les alcanza.

Un grupo de uruguayos, entre quienes se encuentran al menos dos fiscales penales, viajaron a fines de diciembre a La Habana para festejar el 50 aniversario de la revolución cubana, en el marco de una visita turística a la isla caribeña, según informó "Búsqueda" el 08-01-2009.

Se trata de las fiscales penales nacionales de segundo y quinto turno, Mirtha Guianze y Ana María Tellechea, respectivamente. De acuerdo a las normas que rigen la actividad del Ministerio Público, los fiscales tienen vedado intervenir en actividades políticas.

Guianze ha intervenido en notorias causas judiciales relacionadas con las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985). Por ejemplo, solicitó el procesamiento con prisión del teniente coronel retirado José Nino Gavazzo, los coroneles retirados Ernesto Ramas y Jorge Silveira, el ex mayor José Arab, el capitán retirado Luis Alberto Maurente y los policías retirados Ricardo Medina y José Sande.

Por su parte, Tellechea interviene como fiscal en un juicio por "difamación" e "injurias" que el dirigente comunista Carlos Tutzó inició contra el periodista Álvaro Alfonso por el contenido del libro "Secretos del PCU". En la página 181 de ese texto se afirma que "Carlos Tutzó, detenido en 1977, considerado como duro y tenaz, militó en la clandestinidad de la UJC y se convirtió en secretario de la Organización del Regional 5. Sin embargo fuentes militares dijeron que colaboró, en el PCU hay dudas". La fiscal entendió, en un reciente dictamen, que el libro no constituye un medio de comunicación, por lo que en el juicio Alfonso no está amparado en las garantías previstas en la ley de prensa.

"(...) La ley 15.848 o de caducidad, promulgada el 22 de diciembre de 1986, en medio de una crisis institucional profunda, soportó un intento de derogarla, resultando ratificada por el cuerpo electoral en abril de 1989. En su momento la principal crítica contra ella radicó en que había sido sancionada bajo una indebida presión militar que vició incluso el pronunciamiento ciudadano. También fue tachada de inconstitucional, mediante recurso oportunamente rechazado por la Suprema Corte.

Lo que no logran comprender quienes propician la anulación de esta ley, es que aun cuando ello permitiera hacer justicia con algunos personajes de la dictadura, el precio final a pagar en términos de debilitamiento de las instituciones, resulta mucho más gravoso que sus eventuales beneficios. Y no lo logran porque parten de una concepción omnipotente de la voluntad del estado, apta incluso para remodelar el pasado siempre que sus intereses lo requieran."

Tomado de la columna "Ley de caducidad y garantías" por Hebert Gatto. "El País", 04-02-2009.

Por si a alguien no le habían quedado claras las políticas progresistas de seguridad pública que se vienen desarrollando desde que el entonces ministro José Díaz abrió las cárceles en 2005, el informe de la ministra Tourné al presidente dice que "la seguridad es un problema de todos", no de su ministerio, y que aunque "la mayoría de los delitos ha crecido sostenidamente: han aumentado las denuncias de lesiones y de violencia doméstica, se han mantenido relativamente constantes los homicidios y se han incrementado notablemente los hurtos y las rapiñas", la culpa la tienen los blancos y los colorados.

Asimismo, Tourné adjudicó responsabilidad a "las decisiones estatales de claro corte punitivo y represivo", y afirmó que para cambiar la situación actual se necesita un "auténtico compromiso colectivo" que permita promover un cambio social.