Desde octubre de 2007, el gobierno progresista ha presionado, manoseado e insultado al Poder Judicial, de diversas formas y en diversas instancias. Desde el presidente y varios ministros, hasta legisladores y dirigentes frentistas, todos han actuado de manera patoteril buscando amedrentar a los jueces y torcer sus fallos.
En octubre de 2007, el ministro de Economía Danilo Astori descalificó un dictamen en favor de la inconstitucionalidad emitido por el Fiscal de Corte, Rafael Ubiría, a quién calificó de "desubicado" y "desviado de su objetivo".
En noviembre de 2007, Astori volvió a la carga declarando a "Búsqueda" que una eventual inconstitucionalidad del IRPF "no tira abajo" la reforma, señalando además, que esperaba una decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) "coherente" con un fallo de la corporación que en 1999 declaró constitucional el Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP). La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) declaró entonces que Astori realizaba una "indisimulada presión" sobre la Justicia , que evidenciaba que "no le importa o no se cuida de preservar la independencia del Poder Judicial".
A partir del 28 de febrero de 2008, cuando "Búsqueda" informara que había una mayoría en la SCJ que declararía inconstitucional el IRPF a las pasividades, hubo una oleada de críticas a la "filtración" de la noticia y de cuestionamientos a los tres magistrados que conformaron esa mayoría. Incluso algunos legisladores anunciaron que tenían la intención de impulsar un juicio político a la Corte, instancia prevista sólo en caso de "violación de la Constitución" u "otros delitos graves".
El 24 de marzo, dos días antes que se emitiera la primera sentencia, el Partido Socialista anunció que le pediría a "destacados juristas" un informe sobre la "pertinencia" de que "algunos jueces soliciten abstenerse de dar su punto de vista cuando un fallo pueda comprender al magistrado", para que la dicisión de la Corte fuera "transparente". Sin nombrarla explícitamente, la declaración dirigió sus dardos hacia la ministra Sara Bossio, que el 7 de abril cesó al cumplir 70 años de edad. Coincidentemente con el Partido Socialista, la Mesa Política del Frente Amplio consideró que existió una campaña de los partidos tradicionales y de "los grandes medios de comunicación" contra el IRPF.
El 28 de marzo, Mujica criticó el fallo de la SCJ porque "favorece a los viejos platudos" y perjudica a los jubilados más pobres.
El 1º de abril el presidente de la república, Tabaré Vázquez, advirtió públicamente que "un grupo de pasivos" no puede "condicionar" la aplicación de la reforma tributaria.
El 8 de abril Mujica volvió a la carga: "Sé que a los señores jueces hay que dejarlos tranquilos, pero también hay que pedirles a los señores jueces que nos dejen tranquilos, que no se metan a gobernar; que no están para gobernar ". Consultada sobre las expresiones de Mujica, la presidenta de la AMU, Anabella Damasco, señaló que es la Constitución la que establece que los jueces son parte del gobierno.
Luego de 15 fallos en los cuales la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró - por tres votos contra dos - la inconstitucionalidad del IRPF a las pasividades, el gobierno sigue sin reconocer dichos fallos y se propone esperar la nueva integración del organismo, con la esperanza de que quien o quienes sustituyan a la ministra Sara Bossio (jubilada al cumplir 70 años el lunes 7), inclinen la balanza a su favor, según "Búsqueda" del 10-04-2008.
Mientras tanto, figuras del gobierno y del Frente Amplio siguen atacando a diario al Poder Judicial. En algunos casos, la patota oficialista usa la táctica del "policía malo/policía bueno", esa que se ve a menudo en las películas donde el policía malo amenaza, grita y golpea al sospechoso para que confiese, y a su turno el policía bueno le habla con amabilidad, le ofrece un cigarrillo o una taza de café, le asegura que se sentirá mucho mejor después de confesar. Tal es el caso del diputado Victor Semproni del MPP (¿se acuerdan?, el que dijo una vez que en el Uruguay "las organizaciones guerrilleras que operaron en este país, todas sin excepción, no realizaron ninguna acción terrorista") quien había propuesto llamar al presidente de la SCJ, Jorge Ruibal, a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, para que informara sobre las filtraciones a la prensa de los fallos de la SCJ sobre el IRPF. Luego que el diputado herrerista Pablo Abdala cuestionara tal iniciativa por "inconstitucional", la bancada del Frente Amplio desautorizó a Semproni.
Pero en otros casos, diversos patovicas oficialistas salen al ruedo a provocar e insultar. Las siguientes frases de Esteban Pérez, diputado y miembro de la conducción del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T)., en declaraciones a "Búsqueda" del 10-04-2008, son diáfanas:
"Parece que los magistrados se olvidan de quién vota y quién asigna cada peso que ellos gastan en el supuesto intento de impartir justicia".
"Además de amparar jubilaciones de privilegio de ex presidentes, y de golpistas y torturadores que están presos por violar los derechos humanos, gastan dinero que les votamos nosotros para dejar constancia en el papel de esas barbaridades. Sería bueno que tomen conciencia real de lo que hacen y cómo lo hacen, porque puede haber muchas opiniones, diversidad de enfoques, matices. Está todo bien, pero que les votemos recursos para ir directo contra el pueblo, no va más".
"La SCJ y los jueces en general, se ve que han tenido repentinos ataques de amnesia y se olvidan de que algunas venias se votan acá, y que tanto la Rendición de Cuentas como el presupuesto se votan en esta casa, donde estamos los representantes del pueblo".
"...es justo decir que, son pocos, pero hay honrosas excepciones de jueces que cumplen a cabalidad con su labor y entienden realmente lo que es impartir justicia"
"Acá está claro que la SCJ no es neutral y mucho menos independiente. Y lo digo porque adopta un fallo que le pega en el corazón a la política del gobierno, porque querer hacernos pegar la retranca con el IRPF de los jubilados privilegiados es ni más ni menos que ser funcional al país del privilegio, del statu quo. Cortita y al pie: juegan para los ricos. Que no me vengan a hablar de ser un poder independiente".
"Está claro que además se juntan (los miembros de la SCJ) y que terminan siendo funcionales al imperialismo, ya que si hay algo que no quiere es que haya redistribución de la riqueza. El imperio quiere ricos más ricos y pobres más pobres, y después ellos aparecen como salvadores. Bueno, en esa línea la SCJ les hace, y con mucho gusto se ve, el juego. Sería bueno que algún miembro de la SCJ venga a Toledo a conocer cómo viven algunos soldados con jubilaciones de $4.000 o menos".
Hasta el momento de escribir esta nota, nadie en el gobierno progresista o en el Frente Amplio desautorizó al diputado Pérez en relación a estos dichos.
Adrienne Yerdon ("Hitler's Successful Rise to Power and its Effects on the German Judiciary", Ithaca College History Journal, Fall 2003.) sostiene que "la creación institucional más infame (del régimen nazi) fue establecida el 24 de abril de 1934 y se llamó la Corte del Pueblo. Esta institución fue ideada para sustituir a la Suprema Corte de Justicia, como primer y último recursos en los juicios por traición. Cada audiencia era presidida por cinco miembros, cada uno nombrado por Hitler por cinco años. La Corte del Pueblo, apoyada burdamente en procedimientos políticos más que jurídicos, buscaba eliminar a la oposición al Nacional Socialismo. En 1941 la Corte del Pueblo condenó a muerte al diez por ciento de los acusados, llegando al cuarenta por ciento entre 1942 y 1944, completando unas 12.891 sentencias de muerte."
Las coincidencias entre Uruguay, 10 de abril de 2008 y Alemania, 24 de abril de 1934 meten miedo.