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En la visión de sus redactores, la producción y distribución de contenidos culturales en cine, radio y televisión, se encuentran monopolizadas por grandes corporaciones transnacionales lo que impide al mercado garantizar su diversidad.
En esta situación y a efectos de facilitar a la ciudadanía el acceso a los contenidos elaborados localmente, apoyar a los protagonistas nacionales y fortalecer a las industrias culturales exportadoras, las empresas de televisión quedarán obligadas a difundir una cuota no menor al 50% de su programación total a través de contenidos de producción nacional, la que aumentará al 70% en el caso de los canales públicos. Algo similar ocurre con cines y radios.
Ahora bien ¿es compartible, esta imposición?
La inquietud refiere a si en una democracia liberal resulta adecuado que el estado recorte la libertad de los ciudadanos, en aras de lo que estima son los intereses de los mismos, limitando, según su procedencia, los contenidos a difundir por los medios.
En este sentido podría alegarse que el proyecto incurre en paternalismo en cuanto decide, sin consultarlos, por el bien de terceros.
Y aun cuando se argumentara que ello se realiza para mejor ilustrarlos, siempre cabría argüirse que para tal demostración bastaría con utilizar los medios y canales estatales.
De igual modo que no podría defenderse la ley con el argumento, utilizado por la gremial de actores, que su sanción incrementaría el trabajo nacional, si ello, efectivamente, conculcara la libertad de la audiencia.
Todo esto demuestra estar en presencia de un debate complejo.
Tanto que sería más deseable que en lugar de imponerla, como se propone, se alentara la difusión de la cultura nacional mediante una política indirecta, de premios o desgravaciones fiscales.
Una opción que sin cuestionar la libertad encierra muy distintas consecuencias.
Tomado del artículo titulado "La cultura nacional" por Herbert Gatto. "El País".